¿Alinear la diversidad cultural?



Por Emilio de la Cerda, arquitecto, Escuela de Arquitectura UC; exsubsecretario de Patrimonio Cultural

Con el objetivo de fortalecer, incorporar y estimular el desarrollo de iniciativas diversas, la ministra de las Culturas ha anunciado una revisión sustantiva de los instrumentos de asignación de recursos públicos a proyectos, asociaciones e instituciones colaboradoras del Estado.

El diagnóstico respecto a la necesidad de perfeccionar los mecanismos de fomento, sostenibilidad de las instituciones y salvaguardia del patrimonio no es una novedad y ha sido una preocupación permanente del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Lo que sí resulta novedoso son las justificaciones dadas por la autoridad para impulsar estas modificaciones, las cuales no solo podrían terminar erosionando la diversidad que se pretende estimular, sino condicionando el desarrollo de las instituciones, así como su oferta programática, a los lineamientos políticos de los gobiernos de turno. En efecto, un primer aspecto que salta a la vista dice relación al uso del concepto de “alinear” la agenda de las instituciones colaboradoras al derrotero de políticas públicas definido por la autoridad.

¿Qué quiere decir cuando plantea que estas instituciones deben alinearse con la agenda ministerial?, ¿acaso la autonomía de misión, independencia política y diversidad programática no fue un valor buscado en la definición de sus estatutos y en la constitución de sus formas de gobernanza, basadas en directorios en los cuales de hecho participan representantes ministeriales? ¿Significa el nuevo énfasis que estas instituciones no estarían cumpliendo con el rol para el cual fueron creadas?

Un segundo aspecto que salta a la vista es la relación que se hace entre concursos, calidad y elitización de la cultura. Sin entrar aquí a reflexionar en lo artificiosa que resulta la separación entre alta y baja cultura (dónde podríamos situar la obra de Nicanor Parra si aceptamos esa premisa), o en la importancia en términos de democratización que ha tenido el acceso a manifestaciones que de otro modo difícilmente podrían llegar a Chile (las experiencias del festival Teatro a Mil o del Centro Cultural la Moneda resultan ejemplares en ese sentido), interesa la contraposición que desliza la autoridad entre calidad y diversidad cultural.

Según se colige de sus palabras, la asignación vía concursos, con foco en la calidad y evaluados por jurados independientes, no sería capaz de abordar la diversidad cultural, dejando fuera iniciativas cuyo reconocimiento requeriría de una acción focalizada desde el ministerio. Por tal razón, se adelanta la creación de un sistema de registro de organizaciones asociado a financiamiento basal, cuyas complejas lógicas de selección y jerarquización estarían aún en desarrollo.

El necesario perfeccionamiento al sistema de asignación de recursos públicos en cultura debe entenderse como un mecanismo para abrir la cancha, para estimular un ecosistema basado en la riqueza de trayectorias, proyectos y misiones. En ningún caso debe traducirse en formas que estimulen la captura programática o la incidencia en la gobernanza de las instituciones colaboradoras del Estado.

Más que en alinear la cultura, el objetivo de los cambios anunciados debería estar puesto en asegurar la sostenibilidad y el reconocimiento de la diversidad de manifestaciones culturales a lo largo de todo el país.

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