En estos días, buena parte del debate público se ha concentrado en la futura ministra de la Mujer. No por su trayectoria profesional, no por las políticas que ha anunciado, sino por dos factores: su fe evangélica y declaraciones pasadas sobre temas valóricos. Y frente a eso, la reacción ha sido casi inmediata: desconfianza, alarma, sospecha de retrocesos.

Pero vale la pena detenerse un segundo y preguntarnos si este estándar lo estamos aplicando de manera pareja. Porque en Chile —y con razón— hemos defendido la idea de que las personas pueden cambiar de opinión, evolucionar, matizar posturas, revisar convicciones a la luz de nuevas experiencias, evidencia o responsabilidades públicas. Hemos aceptado —e incluso celebrado— que actores políticos que antes sostenían ciertas posiciones hoy defiendan otras. Entonces, ¿por qué ese mismo principio parece no operar cuando se trata de una mujer, además creyente, que asume una cartera altamente sensible?

Más aún: el propio Presidente electo ha sido explícito en señalar que no existe intención de retroceder en derechos de las mujeres. Y no se trata solo de una declaración política. En nuestro sistema institucional, cualquier modificación sustantiva en esta materia debe pasar por el Congreso. No hay margen para retrocesos unilaterales ni por decreto. La arquitectura democrática funciona, precisamente, como resguardo frente a pulsiones individuales, vengan de donde vengan.

Por eso, más que preguntarnos qué piensa una ministra en su fuero íntimo, la pregunta relevante debería ser otra: ¿qué políticas impulsará?, ¿qué compromisos públicos asume?, ¿qué acciones concretas desarrollará desde el Estado? Juzgar por anticipado, antes de ver gestión, programas y prioridades, no es fiscalización democrática; es prejuzgamiento.

Y hay algo más incómodo todavía: ¿por qué este nivel de sospecha automática recae tan rápido sobre una mujer? ¿Por qué la duda se instala sin beneficio de confianza, cuando a tantos hombres en política se les ha concedido tiempo, margen de adaptación y presunción de buena fe? Resulta paradójico que, en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres, terminemos reproduciendo una lógica de desconfianza que no aplicamos con la misma intensidad a otros actores.

Nada de esto implica bajar la guardia. Al contrario: implica ejercer una vigilancia activa, informada y exigente, basada en hechos, políticas y resultados. Pero también implica sostener estándares democráticos mínimos: evaluar por lo que se hace, no solo por lo que se dijo en otro contexto; exigir coherencia, sí, pero también reconocer la posibilidad de cambio; y entender que la institucionalidad no se suspende por la biografía personal de una autoridad.

Quizás el desafío no es solo qué hará la nueva ministra de la Mujer. Quizás el desafío también es qué tan coherentes somos cuando decimos creer en la igualdad, en la deliberación democrática y en el derecho —también de las mujeres— a no ser juzgadas antes de actuar.

Porque la defensa de los derechos no se fortalece desde el prejuicio. Se fortalece desde la vigilancia, la exigencia y la responsabilidad política. No desde la condena anticipada.

Por Natalia Piergentili, directora de Asuntos Públicos, Feedback