Autoridades y uso responsable de las redes sociales

A propósito del reciente fallo de la Corte Suprema, en que confirmó el sobreseimiento definitivo del sargento de Carabineros que dio muerte a un malabarista en la comuna de Panguipulli -hecho ocurrido en febrero de 2021-, por estimarse que el funcionario policial actuó en legítima defensa, se han reflotado una serie de tuits que por entonces emitieron el actual presidente electo, Gabriel Boric, así como la futura ministra de la Segegob, Camila Vallejo.

El incidente, que desde luego conmocionó a la opinión pública, motivó a que Boric indicara que “el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga”, exigiendo además una refundación de Carabineros. También acusó al actual Mandatario de ser “cómplice activo de esta locura”. Vallejo, por su parte, indicó en su cuenta de Twitter que “no fue un incidente, fue un asesinato (…) No es aleatorio, es contra el pueblo, es clasista”. También solicitó que la institución fuera refundada.

Podrían seguir citándose ejemplos de personeros -de todo el espectro político- que a través de sus redes sociales se han precipitado en opinar con frases destempladas o sin mayor reflexión al calor de un hecho del momento. Desde luego se podrá argumentar que esto es parte de la dinámica propia que imponen las redes sociales, cuya instantaneidad y el hecho de que mientras más punzante sea un comentario entonces tiene más chances de ser replicado o convertirse en tendencia.

El episodio de Panguipulli debe ser aleccionador, en cuanto a la importancia de calibrar la forma en que deben comportarse las autoridades, cuyos estándares por definición deben ser superiores a los que se pueden exigir a un ciudadano promedio. Quienes ostenten un cargo de poder -y en especial si se trata de las funciones más importantes dentro del Estado- deben ser conscientes de que sus dichos y actuaciones tendrán repercusiones en la esfera pública, pudiendo generar efectos políticos o predisponiendo a la ciudadanía en determinada forma, a veces con consecuencias impredecibles.

Para el caso en comento, el hecho de que dos personas con un importante número de seguidores en redes hayan dado por hecho que fue un asesinato, contribuyendo así a exacerbar los ánimos -cabe no olvidar que la municipalidad de Panguipulli así como otras instalaciones de la zona fueron quemadas esa noche, en el marco de airadas protestas- es prueba del cuidado con el que una autoridad debe manejarse cuando busca comunicarse con la ciudadanía.

Sería un gesto bienvenido que el futuro Presidente y su ministra vocera reconocieran el error de haberse precipitado en sus dichos, porque además de enaltecerlos sería una señal de que han comprendido bien las responsabilidades que ahora demandan sus nuevas investiduras. Varios de los integrantes del futuro gobierno son jóvenes y activos usuarios de las redes sociales; esto, que por cierto constituye un valioso activo para establecer una comunicación directa y cercana con la ciudadanía, también puede llegar a ser un problema para el gobierno si no se aquilata que una autoridad no puede opinar desaprensivamente y luego pretender desentenderse de sus efectos.