Beneficios definidos: votos para hoy, pesadilla para mañana



Por Elisa Cabezón, economista, directora de Perspectivas y miembro de la red Pivotes

Hoy se votaría en el Pleno de Convención Constitucional un artículo para fijar “un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido”.

Con esto se busca terminar con el esquema de contribución definida de Chile, en que la pensión que recibe cada jubilado varía según el ahorro previsional que logró en su vida laboral, y reemplazarlo por un esquema de beneficio definido (o prestaciones definidas) que existe en varios países, y que establece una promesa de pensión, en la mayoría de los casos fijada por fórmulas en base a últimos salarios y el número de años cotizados por el jubilado.

Así, un esquema de beneficio definido suena muy atractivo pues, a diferencia de la contribución definida, en que los riesgos financieros lo absorben los mismos afiliados, este esquema entrega garantía y certeza sobre las actuales pensiones, generalmente con un Estado que se hace cargo en cumplir estas promesas, logrando así la deseada “seguridad social”.

Pero, ¿qué ha pasado en aquellos lugares que cuentan con beneficio definido? El envejecimiento de la población ha provocado que pagar las pensiones se vuelva una carga fiscal cada vez más pesada. En la mayoría de los países de la Unión Europea, las promesas de pensión comprometidas hoy implican una deuda implícita sobre el 100% de cada PIB actual.

Los defensores de este esquema argumentan que entregan certeza sobre las pensiones. Sin embargo, esa certeza no se estaría cumpliendo. Para reducir la carga fiscal, la mayoría de los países están aumentando los requisitos para tener derecho a pensión –como la edad de jubilación o el número mínimo de años cotizados– o derechamente ajustan la fórmula que determina el monto de las pensiones para hacerlas menos generosas.

Por último, dado el estrés financiero que implican las pensiones prometidas, gran parte de los países miembros de la OCDE, entre 2000 y 2020, han ido transitando desde esquemas de beneficio definido hacia esquemas de contribución definida, aumentado además la tasa de cotización: los trabajadores deben destinar un mayor porcentaje de su sueldo para pagar las actuales promesas de pensiones.

Si Chile migra hacia un esquema de beneficios definidos, también sufrirá este estrés financiero, pues el porcentaje de su población adulto mayor se duplicará en los próximos 30 años, alcanzando un 25% en el año 2050, mismo porcentaje del promedio de los países desarrollados a esa fecha.

Las pensiones de beneficios definidos están en retirada en el mundo y las promesas se están ajustando a la baja. Decirle a los chilenos que de aprobarse la nueva Constitución habrá garantía y certeza de sus pensiones es muy tentador para los constituyentes. Pero lo que hoy podría ganar el apoyo de varios, en el mediano plazo se convertirá en una pesadilla para todos.

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