Por Carlos Turdera, corresponsal y analista político.

El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por mayoría condenar a Jair Bolsonaro a prisión tras considerar probado que éste lideró una conspiración para dar un golpe de Estado, instaurar un estado de excepción e incluso asesinar al presidente Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Con el voto de 4 de los 5 magistrados, el núcleo civil-militar fue caracterizado como una “organización criminal” que, alineada con “el populismo extremista digital”, actuó “como un virus para corroer el Estado de derecho”.

A 40 años del fin del régimen militar, y gracias a la Ley de Amnistía de 1979, Brasil no había tenido un juicio como este. El STF buscó romper esa tradición y definir una línea roja: ataques a la democracia no continuarán impunes mediante “conciliaciones”.

Más allá del carácter pedagógico para prevenir nuevos golpes y la actualización doctrinaria con que la corte justificó su voto, es precipitado imaginar que este hito jurídico marca el final del litigio en torno a la democracia de Brasil.

Un hijo de Bolsonaro, Eduardo, continúa en EE.UU. articulando con el gobierno de Trump sanciones contra lo que llama “la dictadura judicial”. Por ello, tras el bloqueo de cuentas de jueces y la aplicación de la Ley Magnitsky, sus seguidores esperan nuevas puniciones, sobre todo después de que la Casa Blanca dijera el martes que EE.UU. podrá usar su poder económico y militar para “proteger la libertad de expresión” en el mundo.

El juicio en sí mismo es una inflexión: por primera vez un expresidente y mandos militares enfrentaron cargos criminales de una trama reconstruida al detalle por la Policía Federal y el relator Alexandre de Moraes, suscrita además por los jueces que firmaron las condenas.

Al mismo tiempo, el veredicto se ha vuelto una cuestión de soberanía: junto a las sanciones tarifarias y el despliegue naval de EE.UU. en la región (para intimidar en principio a Venezuela), crecieron marchas pobladas de banderas extranjeras pidiendo una amnistía.

El domingo pasado (7), por ejemplo, Día de la Independencia de Brasil, unos 60.000 seguidores de Bolsonaro celebraron en Sao Paulo la fecha patria… ¡desplegando la insignia norteamericana!

“No aceptamos órdenes de nadie”, dijo Lula, en un tono nacionalista, pero sin mencionar a Trump, aunque sí a “traidores de la patria” (léase “los Bolsonaro”). Ese mismo día, en la misma ciudad, sus apoyadores fueron alrededor de 9.000.

Sin vencer en la Justicia, aliados de Bolsonaro mantienen fuerza en las calles y, sobre todo, en el Congreso, donde se debate una ley de amnistía que podría liberar al expresidente en nombre de la consabida pacificación.

Queda por ver si la sociedad brasileña, en medio de tensiones entre sus poderes, liderazgos desgastados, presiones externas y dificultades económicas, logra fortalecer sus instituciones sin repetir “cordialidades” del pasado. La sentencia del STF fija un estándar; la política y las calles pondrán a prueba su cumplimiento.