¿Cada vez más regiones?



Por Pedro Varela, abogado, investigador Libertad y Desarrollo

Una de las normas transitorias de la Propuesta de Constitución de la Convención compromete crear, previa ratificación vía “consulta vinculante”, las nuevas regiones autónomas de Chiloé y Aconcagua. Considerando que dicha propuesta busca mutar hacia un Estado Regional, otorgándole amplios e importantes grados de autonomía a las “regiones autónomas”, cabe preguntarnos si acaso es oportuno seguir aumentando su número (pasando de 16 a 18), en vez de explorar alternativas diversas, si es que lo que buscamos es efectivamente alcanzar mayores grados de descentralización.

Existen alternativas interesantes en esta línea, como la que propone transitar hacia un esquema de 5 o 7 macro regiones. Esto fue sugerido por el propio expresidente Ricardo Lagos hace unos años, así como por algunos centros de estudios antes de que este proceso comenzara. Cambiar hacia un esquema de macro regiones que agrupen zonas con rasgos y características similares -es decir, menos regiones, pero de mayor extensión geográfica-, conlleva una serie de beneficios. Por un lado, permitiría contrarrestar en mayor medida la predominancia desmedida que históricamente ha tenido la Región Metropolitana. Por otro lado, regiones más grandes contribuirían a evitar problemas propios de entidades territoriales pequeñas, como lo son el caudillismo y la captura política del Estado. Adicionalmente, la existencia de menos regiones permitiría alivianar la burocracia que cada una de estas conlleva, disminuyendo el gasto fiscal asociado a su gobierno y administración.

Dicho esto, si bien la norma en cuestión responde a una iniciativa popular que superó el umbral de los 15 mil apoyos, no puede ser ese factor -de adherencia ciudadana- el único a considerarse para la creación de nuevas entidades territoriales. Por el contrario, el apoyo de los habitantes de esas regiones debiese conciliarse con el resto de los chilenos que deberá financiar, a través de sus impuestos, los costos asociados a las nuevas regiones.

En vista de lo anterior, la propuesta constitucional establece que la creación o modificación de estas entidades debe atenerse a criterios objetivos (demográficos, culturales, económicos, geográficos, etc.). Asimismo, el borrador señala que la modificación de la división político-administrativa del país es materia de ley; la que debe ser de concurrencia presidencial y de acuerdo regional (es decir, que también deben ser aprobadas por la Cámara de las Regiones). Por lo tanto, si bien la norma transitoria señala que, de aprobarse ambas consultas, la ley deberá implementar dichas regiones (cumpliendo con los requisitos enunciados); el resultado de estas “consultas vinculantes” indudablemente forzaría al presidente y a los legisladores a ejecutar ese mandato, sin que dicha determinación responda -necesariamente- a estándares mínimos de pertinencia.

En suma, de avanzar en este camino -aparentemente irreversible- de seguir creando cada vez más regiones, terminaremos alcanzando ya no la anhelada descentralización, sino que una mayor atomización territorial, fragmentación política y burocracia estatal; elementos que de nada ayudan para enmendar nuestro excesivo centralismo.

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