Hoy, uno de cada cuatro atrasos en garantías GES corresponde a cáncer. El tiempo promedio de espera alcanza los 65 días, y se concentra en la confirmación diagnóstica. Es decir, en la puerta de entrada al tratamiento, donde muchas veces se juega el resultado de las intervenciones oncológicas.

El pasado 15 de abril, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para enfrentar esta situación. Si bien la medida permite focalizar esfuerzos, también evidencia algo más profundo: el sistema público opera con una brecha estructural entre demanda y capacidad de atención, pues no se trata de una crisis puntual, sino de un desequilibrio persistente que, sobre la base de las proyecciones del Ministerio, se profundizará en los próximos años, debido al aumento de los nuevos casos de cáncer de 63.274 en 2025 a 79.243 en 2035.

Un primer grupo de medidas apunta a reducir los “trámites” internos, flexibilizando normas para reasignar personal, trasladar recursos y aceptar donaciones. Esto abre una pregunta de fondo: si para responder es necesario operar con mayor flexibilidad, ¿no debiera el sistema, en general, ser más ágil? Con todo, estas medidas por sí solas tienen un impacto limitado.

El segundo grupo busca aumentar la capacidad de atención, pero requiere algo no menor: recursos adicionales. El anuncio de $156.000 millones da cuenta de ello. Sin financiamiento, no es posible expandir la oferta. Esto tensiona un escenario donde, en paralelo, se ha planteado reiteradamente la necesidad de reducir el gasto en salud, configurando una contradicción difícil de sostener.

Estas medidas permitirán dar un respiro en la atención del cáncer, dentro de un marco acotado a prestaciones registradas. Sin embargo, lo no registrado en la lista queda fuera, y otras áreas probablemente se verán despriorizadas durante los seis meses que dura la alerta. A su vez, existe un problema conceptual de fondo. La lógica de “eliminar listas de espera oncológicas” supone que la necesidad de atención se resuelve con una prestación puntual, pero el cáncer no funciona así: requiere un abordaje continuo e interdisciplinario que no encaja con la idea de una lista que pueda llevarse a cero. Por tanto, el impacto de esta aproximación es, predeciblemente, limitado y transitorio.

En síntesis, la alerta sanitaria es una respuesta para salir de una urgencia, no para resolver lo que la produjo. Y lo que la produjo requiere una respuesta sistémica: hospitales con infraestructura y personal insuficientes, información que no alimenta bien la toma de decisiones ministeriales, un segundo prestador GES poco efectivo, y la ausencia de incentivos y responsabilidades claras ante los incumplimientos. Mientras eso no cambie, el problema volverá a reproducirse. Porque esto no es una anomalía ni una crisis excepcional: es una consecuencia de la forma en que hoy opera nuestro sistema de salud. Esa es la verdadera urgencia.

Por Daniela Sugg, economista de la Salud, y José Peña, oncólogo médico