Cuando en 2015 se revelaron los primeros antecedentes de financiamiento de la política por parte de SQM, pareció que Chile viviría un antes y un después en cuanto a los estándares de la probidad.

Más allá del escándalo, era una gran oportunidad, pues el caso pudo ser una espada flamígera capaz de cortar todo lo que estaba mal en la juntura entre el poder político y el económico, y -a la vez- cauterizar sus heridas.

Así lo pareció en un principio, cuando el Congreso despachó en 2016 la Ley 20900 “para el fortalecimiento de la democracia”, la cual puso el cascabel al escurridizo gato del financiamiento público de las campañas electorales. Con eso se esperaba nunca más una escena de reparto de prebendas a moros y cristianos.

Pero, para prender el fuego de la espada era fundamental el trabajo del Ministerio Público, el que estaba mandatado a perseguir a los supuestos culpables de los delitos tributarios, tráfico de influencias y cohecho que se presumían en el caso.

Séneca afirmaba “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, y después de más de 10 años, todo se cierra sin probar ninguna trama de financiamiento ilegal de la política. Un indefectible fracaso por parte la Fiscalía, tanto a nivel de institución, como de funcionarios, lo que incluye a tres fiscales nacionales.

“En el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de impedir que se perpetúe, la opción de una decisión absolutoria”, dice el veredicto. Un mazazo que demuestra que poco sirve el nuevo régimen procesal penal para un caso así. Casi 30 años después, seguimos en situaciones kafkianas.

Pero, el caso generó castigo. No solo en los implicados y juzgados informalmente, sino que, en todo el sistema político, el que no pudo regenerarse ni rebotar, al estar sumergido en un lodo de diez años.

En la derecha, la UDI -su partido más compacto- perdió el rumbo en la medida en que Pablo Longueira tuvo que salir de la política. Eclipsados por Sebastián Piñera, ninguna de sus apuestas de liderazgo funcó; no pasó con Joaquín Lavín, Andrés Chadwick ni con Evelyn Matthei, quien está a un paso de ceder la hegemonía a los republicanos de José Antonio Kast.

En la izquierda, el caso acabó con el ímpetu transformador del segundo gobierno de Michelle Bachelet, dejándolo a la deriva, descabezando a la generación de recambio, personificada en Rodrigo Peñailillo, y perjudicando la integración de los cuadros tradicionales al nuevo ciclo político. Esto, dada la mácula SQM que impidió la incorporación temprana y sin traumas del PS y el PPD a la alianza con el FA y el PC.

Hoy todo es una pantomima en la que asoma Carolina Tohá, quien pasó de estar vetada por los impolutos a ser vocera del Apruebo, ministra del Interior y candidata de las primarias del oficialismo encabezado por Gabriel Boric, el otrora impugnador.

Por Cristóbal Osorio, académico derecho constitucional, U. de Chile.