El actual ciclo electoral ha puesto de manifiesto un consenso poco habitual en la política chilena reciente: prácticamente todas las candidaturas presidenciales han situado al crecimiento económico y la seguridad ciudadana como ejes centrales de sus programas. Llama la atención que, a diferencia de elecciones anteriores, esta vez no se plantea con fuerza la idea de alzas de impuestos. Al contrario, varias propuestas van en la línea de reducir la carga a las empresas como un incentivo para recuperar la inversión, dinamizar la creación de empleo y, en definitiva, fortalecer la competitividad de Chile.

Esta convergencia responde a un diagnóstico compartido: la economía lleva más de una década con un bajo desempeño, incapaz de retomar una senda de crecimiento sostenido. La inversión privada, que es el motor más sensible a la confianza en el futuro, se ha visto golpeada por la incertidumbre política, las dificultades regulatorias y los elevados costos asociados a la permisología.

El desafío que se abre es decisivo: no se trata únicamente de aprovechar un ciclo electoral favorable, sino de diseñar y ejecutar reformas estructurales que devuelvan al país una trayectoria de crecimiento alto y sostenido. Chile requiere con urgencia una modernización profunda en tres frentes. Primero, el sistema tributario: se necesita simplificarlo, otorgar certeza y, sobre todo, hacerlo más competitivo frente a otras economías emergentes que atraen capital con menores cargas. Segundo, el marco laboral: urge introducir reglas que den flexibilidad y favorezcan la formalidad, al mismo tiempo que protegen derechos esenciales. Tercero, la permisología, particularmente en materia ambiental: si bien es indispensable resguardar estándares altos, el actual entramado burocrático se ha convertido en un obstáculo casi insalvable para proyectos productivos, demorando años decisiones que en otros países se resuelven en meses.

En este contexto, el rol del gobierno actual sigue siendo relevante. La reciente llegada de un nuevo ministro de Hacienda debiera estar caracterizada por la responsabilidad fiscal y una gestión prudente. No es momento para aventuras ni para decisiones improvisadas, sino para administrar con seriedad la transición hacia la próxima administración. Mantener la estabilidad de las cuentas públicas, ordenar la trayectoria de la deuda y preservar la confianza en la institucionalidad económica será clave para que el país no pierda la ventana de oportunidad que se abre.

Chile está frente a un punto de inflexión. Las señales políticas y económicas permiten anticipar un escenario más favorable que en los últimos años, pero el camino hacia un crecimiento robusto dependerá de nuestra capacidad para abordar con decisión las reformas pendientes. No hacerlo sería repetir la historia de oportunidades desperdiciadas; aprovecharlo, en cambio, puede significar el inicio de un nuevo ciclo de prosperidad.

*El autor de la columna es vicepresidente de Sofofa