Columna de Ascanio Cavallo: Los balazos en Ercilla

Las ministras Izkia Siches y Camila Vallejo.



El gobierno de Boric empezó, como lo hacen muchos, con un esfuerzo por copar la agenda pública. Un empeño, en este caso denodado, por diferenciarse del gobierno saliente, sobre el cual mantiene el juicio que tenía mientras era parte de la oposición más implacable, pero que ahora debe abordar desde la perspectiva de la continuidad republicana. Es siempre una paradoja en la que cuesta encajarse.

Lo que ocurrió esta vez es que el principal acto inaugural fue una buena idea convertida en mala en virtud de su ejecución. Era una buena idea que la ministra del Interior, Izkia Siches, debutara el lunes en La Araucanía, subrayando la prioridad que el gobierno confiere a la situación de esa zona. Era una mala idea que lo hiciera en Ercilla, uno de los lugares más candentes, sin tomar el cúmulo de previsiones que podía ser necesario para que no la recibieran a balazos. Sin embargo, tampoco se puede pedir a ningún ciudadano -autoridad o no- que no pueda circular por caminos que son públicos. Ambos son delitos: interrumpir vías y usar armas de fuego sin autorización.

La reacción de la ministra ha sido evitar la presencia de esos delitos. Aceptar que lo son podría complicar lo que desea, que es abrir una ruta de diálogo, con la idea fija de que el gobierno de Piñera no hizo nada de eso, sino todo lo contrario. Terminar el estado de excepción es otra parte -coherente, racional- de ese enfoque.

Y entonces, en un acto que es casi de diseño, desvió la atención hacia la prensa, anunciando la preparación de un manual de buenas prácticas para referirse al pueblo mapuche. Hay que entender que ese manual aún no existe, pero la ministra “colgó” en su cuenta de Twitter otro, anterior, elaborado por dos periodistas étnicas, que es altamente normativo. Muchos de los contenidos de ese texto son adecuados no sólo para el pueblo mapuche, sino que servirían para poner atención al tratamiento de muchos otros grupos sociales de Chile. Al mismo tiempo, sin embargo, representa un punto de vista comprometido, no esconde su orientación ideológica y, por lo tanto, no podría servir a la libertad editorial de los medios. Es un trabajo laborioso, interesante, dentro de sus propios márgenes.

La ministra Siches declaró que no sería el propósito de su futuro manual servir como censura a los medios. Es una promesa para retener, porque los manuales oficiales siempre tienen una inclinación restrictiva. Su fin es crear homogeneidad, no respetar la diversidad ni el pluralismo. Por eso suelen ser un instrumento autoritario, salvo cuando -como anunció la ministra- tienen un propósito de homogeneidad dentro del gobierno, y no fuera de sus dispositivos de comunicación. Dentro de ese espacio pueden cumplir su vocación de instrumentos disciplinarios.

Nunca es fácil convivir con una prensa libre, pero es imposible conservar la democracia sin ella. La tentación de parametrar sus conceptos y sus orientaciones infantiliza a la prensa y también a aquellos que pretende proteger. Es el reflejo de una mirada simplificadora y paternalista sobre la complejidad social. Pero -de acuerdo con sus dichos- lo que busca la ministra Siches dista mucho de tal cosa.

Esto es importante, porque el conflicto mapuche -y no “el conflicto del Estado con el pueblo mapuche”, como exige el manual anterior, puesto que esto simplemente no es cierto en muchos de los casos de violencia- no se resolverá con la imposición de un punto de vista en contra de los otros. No se resolverá si no se aceptan todos los puntos de vista en conflicto, aunque tome mucho tiempo. Esto se lo dijo a Fernando Paulsen el exministro Alfredo Moreno, a quien se atribuye la calidad de haber sido el único que se acercó a conseguir una conversación fecunda acerca de la situación del sur.

Moreno estuvo en esto durante el 2018 y parte del 2019 y lo dejó, no después del asesinato de Camilo Catrillanca como usualmente se cree, sino después del retorno de los atentados violentos en la zona, que cancelaron la posibilidad de continuar sin la presencia de fuerza estatal. Es probable que fuese justamente lo que buscaban los autores de esos hechos: esa es la copiosa experiencia de los grupos violentistas en Chile y el mundo. Esto ocurrió en la primera mitad del segundo período de Piñera. En la segunda mitad, en cambio, se pasó cinco meses con estado de excepción, y tiene razón Siches cuando dice que la excepción no puede ser permanente. ¿Cuál es la otra opción? Conviene escuchar la principal lección de Moreno: “Hay que ocupar muchísimo tiempo”.

La advertencia sugiere, con toda nitidez, que no podrá ser la ministra Siches quien lleve el proceso, a menos que se dedicase exclusivamente a él. El envío a La Araucanía del subsecretario Manuel Monsalve, un socialista experimentado y de peso político, es un indicio de que el gobierno tendrá que estructurar un diseño especial para el caso, sin rodearlo de espectacularidad noticiosa ni del protagonismo oficial. Vale decir, evitando las fantasías de un éxito rápido y de una refundación de un debate que pasa de 200 años.

El gobierno de Boric tiene la preciosa oportunidad de cambiar el eje de la discusión sobre La Araucanía. Los que dispararon en el camino de Ercilla le han planteado un desafío violento, delictuoso, pero no decisivo. Sólo han mostrado la inmensa complicación que ha alcanzado la ocupación territorial en la región, antes siquiera de discutir si ella es legítima o no y si ese territorio está sujeto a un estándar diferente de los bienes públicos que el resto de los chilenos está obligado a respetar. Le han hecho ver que los gestos publicitarios no son suficientes, ni siquiera bienvenidos.

Tampoco lo sería dirigir a la prensa.

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