El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile encendió las alarmas frente a las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y el denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, advirtiendo que su implementación podría significar un “grave retroceso” en la salud mental pública del país.

A través de una declaración pública, el directorio nacional del gremio expresó su “profunda preocupación” por la eventual eliminación de programas clave en áreas como atención primaria, acompañamiento psicosocial, prevención del suicidio, consumo de sustancias y atención a diversidades de género.

Según sostienen, estas iniciativas “constituyen la base del modelo comunitario de salud mental en Chile”, por lo que su desmantelamiento implicaría una reducción significativa en la cobertura estatal.

El pronunciamiento se da en el contexto del plan de ajuste fiscal liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que contempla la descontinuación de una serie de programas del Ministerio de Salud, con un impacto que podría superar los $300 mil millones.

A diferencia de otras medidas, los recortes no se enfocan en hospitales o prestaciones de alta complejidad, sino en la Atención Primaria de Salud (APS), considerada la primera línea del sistema sanitario.

Entre los programas en evaluación figuran iniciativas como salud mental en APS, apoyo psicosocial, prevención del suicidio y atención a jóvenes vulnerados, además de otros vinculados a consumo de alcohol y drogas, salud escolar y cuidados comunitarios. Para el gremio, la eliminación de estas herramientas afectaría especialmente a “los sectores más vulnerables”, que dependen en mayor medida de la red pública.

Uno de los puntos más críticos -según el escrito-, es el impacto en niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos que han sufrido vulneraciones de derechos. Al respecto, advirtieron que la desaparición de programas especializados comprometería la continuidad de una atención integral en etapas clave del desarrollo.

Asimismo, el organismo rechazó la supresión de programas dirigidos a personas trans y no binarias, señalando que constituye una señal regresiva en materia de derechos.

El gremio también puso énfasis en la continuidad del PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud), destacando que su mantención no solo responde a criterios técnicos, sino también a una “obligación ética” del Estado frente a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Si bien el Colegio reconoce la necesidad de responsabilidad fiscal, advierte que recortar en salud mental puede generar efectos contraproducentes.

“Trasladar estos costos a las familias y a la sociedad en su conjunto terminará siendo más caro en el largo plazo”, sostienen, aludiendo a las consecuencias sociales y económicas de debilitar la red de apoyo.