Llegó el momento de cerrar un proceso que no solo nos dividió como país, sino que pospuso ocuparse de las urgencias por casi cuatro años. A modo de ejemplo, en 2022 Chile anotó un crecimiento de apenas 2,4%, mientras que para este año se espera uno de 0%. El 17 de diciembre se votará una nueva Constitución para remplazar la Carta Magna vigente que mucho dista de ser “una Constitución redactada por cuatro generales”. Ojalá cerremos este capítulo y nos ocupemos de lo urgente, como la seguridad y el crecimiento económico.

Varios son los puntos a favor de este nuevo texto. Para comenzar, en los temas no económicos, se parte reconociendo a Chile como una nación única e indivisible y se asegura el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular. Se busca promover el desarrollo regional y local, objetivo en el que estamos al debe; se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y se menciona el deber del Estado de dar protección a la misma. También se menciona que el Estado debe resguardar la seguridad de la población y proteger el medio ambiente. Con respecto a la seguridad, el texto propone, además, avances notables tales como que los responsables de delitos de terrorismo no podrán ser beneficiados con indulto alguno, quedarán inhabilitados para ejercer funciones o cargos públicos y no podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con educación.

Finalmente, a pesar de lo que ha salido en algunas publicaciones o han dicho algunas personas, este nuevo texto representa un gran avance para las mujeres dado que prohíbe no solo cualquier discriminación arbitraria, sino que proscribe discriminaciones en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, entre hombres y mujeres.

En materia económica, la propuesta establece que cada persona tendrá la propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y establece el derecho a elegir libremente la institución, sea ésta privada o estatal, que administre e invierta estos recursos. De todas formas queda pendiente el aumento en la tasa de cotización. Además, la propuesta representa un avance en las libertades individuales de elección y establece que los fondos ahorrados para la vejez no podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. En materia de salud, se plantea un Plan Universal de Salud que no podrá discriminar por edad, sexo o preexistencia médica y podrá ser ofrecido por instituciones estatales y privadas. Finalmente, el Banco Central seguirá siendo un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley y tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Se menciona que el BC podría considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo, algo que es muy interesante. Por todo esto y mucho más ha llegado el momento de concentrarse en los temas urgentes.

Por Gabriela Clivio, economista y académica