El asesinato de la sargento Rita Olivares marca un punto de inflexión en el escenario político en varios sentidos. Su muerte conlleva elementos que tocan directamente varias fibras sensibles de la sociedad chilena. Hay uno clave que tiene relación con que, en términos estrictos y más allá de su rol como policía, se asesinó a una madre que estaba haciendo su trabajo. Y eso es imperdonable, probablemente incluso en el mundo del hampa.
Frente al auge de la criminalidad y el asentamiento de modos de acción criminal poco vistos antes en Chile, como el sicariato, el giro hace rato se hace visible desde la opinión pública. Los ciudadanos están cansados, temerosos y comienzan a estar molestos. Ello explica que acciones como la demolición de ampliaciones irregulares en casas asociadas al narco, sea visto con buenos ojos por los ciudadanos. En otras palabras, no sirve declararse sheriff escondido detrás de la seguridad del Congreso, salvo como ejemplo de burda demagogia. El asesinato de la sargento Olivares obliga a los distintos sectores políticos a dejar de ver el problema de la criminalidad desde la distancia que ofrece la seguridad de sus escritorios y la miopía de sus trincheras ideológicas.
El clima de opinión pesa. Así lo evidencian los inmediatos anuncios y opiniones de legisladores que, hasta hace poco, querían reformar totalmente Carabineros o que se negaban a aprobar leyes que contribuyeran a un mayor resguardo de quienes cumplen funciones policiales. El anuncio del fast track legislativo denota el impacto del asesinato de la sargento en ese sentido. Pero esto ahora es sólo un anuncio.
El auge de la criminalidad exige un giro radical en el discurso político en varios sentidos. Nuestros políticos se acostumbraron a hacer anuncios de fantasía sin resultado efectivo o desmerecer los temas de seguridad acusando que la preocupación por la delincuencia era simple manipulación impulsada por los medios. Poco se discutía respecto a temas como el lavado de activos o la corrupción a gran escala por parte de organizaciones criminales. Tampoco se discute respecto a mejores políticas carcelarias en favor de la reinserción o que impidan que delincuentes fugados sigan libres e impunes. Todo ha sido desdén en ese sentido. Así, mientras se incubaban las condiciones para el asentamiento del narco a gran escala en Chile, la actitud pusilánime de los grupos políticos era evidente. Así fue en 2017 frente a balaceras que duraban días en La Legua o ante los nexos del entonces alcalde de San Ramón con grupos de narcotraficantes. En parte no podían pontificar contra la corrupción si los escándalos de Penta y SQM eran recientes.
El debilitamiento de la moralidad pública, el desdén de la clase política y la creciente vindicación cultural de los modos propios del lumpen han hecho su parte. No olvidemos que hasta hace poco se aplaudía la pirotecnia propia de los narcos como si fuera la máxima expresión ciudadana y de “Dignidad”. Evadir el pasaje, el impuesto, irse por la berma cuando hay atochamientos, esconder la patente de la moto o del auto o vandalizar lugares públicos, son todos ejemplos de conducta lumpen. Cunde el lumpen consumismo del que habla la filósofa Lucy Oporto. ¿Cuánto ha contribuido a ello el deterioro de la educación a nivel público?
En ese sentido, el asesinato de la sargento Rita Olivares también da de lleno en la línea de flotación del discurso deshumanizador respecto a quienes cumplen funciones policiales, que fue azuzado y exacerbado durante el mal llamado estallido social, incluso por personas que hoy ofician de ministros o alcaldes. Ese discurso ha perdido toda validez, no solo por sus incoherencias, sino porque en términos estrictos no contribuye a mucho, salvo a exacerbar bajas pasiones. ¿Lo han abandonado algunas de las que hoy se manifiestan conmovidas? Parece legítimo dudar de la sinceridad de sus sentires.
El ejemplo más claro de la incoherencia de este discurso deshumanizador respecto a policías, a propósito de la sargento asesinada, es el enarbolado por grupos feministas que sistemáticamente han denostado a las funcionarias de Carabineros, desconociendo con ello que detrás de un uniforme policial también hay mujeres, hermanas, parejas, amigas y sobre todo: madres. Tal como lo era la sargento Olivares.
El asesinato de la sargento Rita Olivares obliga a dejar el desdén y las retóricas que se han enarbolado de forma irresponsable e infantil. Esto se trata de sostener el Estado de Derecho y evitar que la impunidad criminal se convierta en la gangrena de la sociedad chilena. Ya no es tiempo para infantilismos ni gustitos retóricos burdos.
Por Jorge Gómez Arismendi – Investigador senior Fundación para el Progreso.
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