A esta altura, para nadie es novedad que Chile fue el país OCDE que más tiempo mantuvo cerradas sus escuelas producto de la pandemia. “Las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir” nos advertía la Unesco hace un año. En cambio, acá nos arreglamos para mantenerlas cerradas 77 semanas, superando ampliamente a países como Reino Unido, que las cerró por 27 semanas, y llegando por sobre Estados Unidos, que las mantuvo cerradas 71 semanas.
Aun cuando el cierre de escuelas fue menor, los esfuerzos fiscales de Reino Unido y de Estados Unidos en generar planes de recuperación de aprendizajes y cierre de brechas, superan al nuestro en más de 30 y 150 veces, respectivamente. Veamos esta dispar realidad.
Primero, Reino Unido está desplegando un plan de recuperación por un total de £3.100 millones (0,1% del PIB). Como eje central de este plan, se encuentra un programa nacional de tutorías (NTP) para apoyar a los profesores en la sala de clases. Así, las escuelas pueden disponer de hasta un tutor cada dos estudiantes en los casos más complejos.
Segundo, Estados Unidos —a través del Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund— destinará un total de US$ 122.000 millones (0,5% del PIB) para la reactivación educativa. Este plan tiene un fuerte acento descentralizador, donde las Agencias Estatales de Educación postulan al 90% de los fondos para planes de remediación focalizados en población vulnerable. El 7% del presupuesto se destina a extensiones de jornada y escuelas de verano y el 3% restante a gastos de funcionamiento e infraestructura.
En Chile, lamentablemente, el panorama es desalentador. La Política “Seamos Comunidad” parece más un compilado de iniciativas existentes, que una estrategia concreta con recursos frescos y métricas objetivas de cierre de brechas. Para el próximo año, si bien el ministro Ávila ha anunciado $250.000 millones, estos no se logran identificar en la Ley de Presupuesto 2023. Por el contrario, las tres partidas del Mineduc que más crecen son (i) subvenciones escolares; (ii) becas de alimentación; y (iii) recursos para la educación superior. Sólo una glosa hace referencia a un plan de recuperación educativa, con apenas $9.567 millones para escuelas públicas (0,003% del PIB).
Estamos cerrando el año y nuestras autoridades no parecen tomarle el peso a este verdadero “terremoto educacional”, que hoy todos reconocen. La mezcla de pérdida de aprendizajes, con el deterioro de la salud mental, inasistencias crónicas y deserciones al alza, es una verdadera bomba de tiempo que amenaza a una generación completa. Es tiempo de poner este tema como prioridad país y así generar un gran acuerdo nacional para tener un plan acorde a la emergencia. Está en juego el futuro de millones. Ojalá estemos a tiempo.
Por Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal
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