En los últimos años, nuestro país ha sido testigo (o protagonista) de un preocupante aumento de crímenes violentos. En efecto, conforme a cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2022, la tasa de homicidios en Chile alcanzó la cifra de 4,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que 10 años atrás, esa misma tasa era de 2,8 por cada 100 mil habitantes.

Tal estadística es incapaz de reflejar la magnitud del aumento y de la violencia que esta cifra conlleva, desde sicariatos, torturas, extorsiones, secuestros extorsivos, hasta ejecuciones en la vía pública, la gran mayoría de ellas, con armas de fuego semiautomáticas o de grueso calibre. Los ejemplos son múltiples. Los crímenes descubiertos hace pocos días en el cerro Chuño en Arica, de personas enterradas vivas bajo concreto; el joven colombiano descuartizado en Santiago; o los 8 homicidios ocurridos la semana pasada en menos de 48 horas en nuestra capital, son solo un reflejo de lo que ocurre en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Talca o Temuco, por mencionar algunas ciudades en las que el horror de estos crímenes ya casi no sorprende.

La pregunta correcta es: ¿a qué nos estamos acostumbrando? ¿Queremos que la violencia de nuestras calles emule a la existente hoy en Ecuador, en Brasil, o en Colombia? O bien, con una cifra promedio nacional, ¿pretendemos esconder la magnitud de la violencia en las calles de Iquique, de Santiago, Puente Alto o Valparaíso?

La violencia y el temor tienen efectos devastadores para la sociedad en su conjunto. No solo se pierden vidas humanas, sino que también se deteriora el tejido social, se crea un clima de desconfianza y se limita la calidad de vida de las personas. Es fundamental despertar del letargo y no acostumbrarnos a una violencia que nuestro país y nuestra diversa sociedad no debe aceptar, y se debe abordar esta situación de una manera integral.

Muchas son las posibilidades o estrategias para enfrentar esta situación. Pero algunas de ellas, son urgentes en su debate e implementación. Es clave hacer ya un fortalecimiento de las instituciones de seguridad y medidas de coordinación e intercambio de información obligatorias. Como también implementar políticas, realmente eficientes de prevención del delito, con objetivos, metas y estándares, en periodos acotados, y que se enfoquen en abordar las causas subyacentes de la violencia.

También es imperativo asegurar que el sistema de justicia funcione de manera eficiente y que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a la ley. Esto implica agilizar los procesos judiciales, fortalecer la labor de los fiscales y garantizar la protección de las víctimas y los testigos. Por otra parte, se debe promover la participación activa de la ciudadanía en la construcción de estas soluciones. Se deben fomentar espacios de diálogo y participación que involucren a la comunidad en la implementación de estrategias de seguridad.

Por último, entendiendo que es el Estado que a través de sus organismos el encargado de proveer y garantizar la seguridad a sus habitantes, es imposible que se lleve a cabo de un modo eficiente y a la vez efectivo sin la concurrencia de los privados. Es fundamental promover y fortalecer esa unión pública privada para mejorar nuestros sistemas.

En momentos en que nuestro país atraviesa por diversos hitos históricos, parece necesario reflexionar sobre la importancia de construir nuestra propia historia, dejando decididamente fuera de ella, sin relativismos, actos lesivos o violentos propios de la criminalidad organizada, que restrinjan o perturben nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestra paz, en todos los ámbitos de nuestra existencia.

Por Luis Toledo, director Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado, Facultad de Derecho, Universidad San Sebastián