Columna de María Olivia Recart: 3R: Reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado
Lo más probable es que en su trabajo, entre sus amistades o en su familia Ud. converse con personas que estén cuidando, por ejemplo, a menores de edad, a personas con enfermedades o discapacidades o a adultos mayores que requieren asistencia. En estas tareas hay tensiones que se resuelven, muchas veces, dependiendo del acceso que se tenga a apoyo. Por eso planteamos que la tarea de cuidados requiere que acordemos la manera de enfrentar -sostenible y permanentemente- estas tareas para responder así a los cambios demográficos y culturales recientes. Pensamos que ello requiere de amplia participación, no solo desde la verticalidad del Estado, sino que también desde la horizontalidad de la sociedad civil.
En Chile el “Trabajo de Cuidados No Remunerados” representa el 26% del PIB ampliado (Banco Central, 2021) y es realizado en un 72,4% por mujeres. Ellas suman 3 millones de horas dedicadas cada año a esta labor, versus 1 millón de horas anuales de los hombres (ENUT, 2015). El cuidado no es solo infantil, se prolonga también en la juventud y vejez, por razones de salud y de dependencia, transitorias o permanentes, por enfermedad o discapacidad. De hecho, casi 1,5 millones de personas (9,8% de la población adulta del país) están en situación de dependencia (ENDIDE, 2022) en Chile.
Quienes cuidan tienen menos oportunidades de un empleo remunerado y formal, lo que aumenta su vulnerabilidad económica y limita su acceso a la protección social. Un 34,7% de las personas inactivas por responsabilidades familiares son mujeres y un 2,7% son hombres (Sence, 2023). Además de la pérdida de puestos de trabajo, durante el año 2020 un tercio de las mujeres dejaron de buscar empleo remunerado por dedicarse a trabajos domésticos y de cuidados en sus hogares (INE, 2021).
Regular e invertir en cuidados contribuiría a la salud mental y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente el económico. Hay una amplia evidencia sobre los efectos positivos de acrecentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y cómo ello mejora el ingreso disponible de las familias. En concreto, cada punto de aumento de participación se traduce en un incremento del PIB de 0,5%. De manera que cerrar la brecha laboral de género respecto de la OCDE implicaría un aumento del PIB que va desde 1,8% a 3,2% (Clapes UC, 2020).
Una política nacional de cuidados debiera basarse en (i) Reconocer la importancia y el impacto social de los cuidados para así socializar sus costos; (ii) Reducir las labores de cuidado con políticas de prevención y coordinación adecuadas donde el Estado debe cumplir un rol para responder a las necesidades de cuidados más intensas; y (iii) Redistribuir las labores de cuidado de tal forma de llegar a una carga equitativa de ellas entre hombres y mujeres.
La corresponsabilidad social no cuestiona ni se opone a los vínculos familiares y emocionales entre quienes cuidan y son cuidados. Por el contrario, permite a las personas y a las familias tomar decisiones libres sobre el cuidado, y desarrollar estas labores en mejores condiciones. Así construimos una sociedad más solidaria y empática.
Por María Olivia Recart, presidenta de ComunidadMujer
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