El gobierno del presidente Kast iniciará con el pie derecho de un contexto económico favorable: términos de intercambio históricamente altos, inversión al alza, inflación convergiendo al rango meta y mayor crecimiento esperado. Ello tiene implicancias fiscales positivas de corto plazo y, más relevante aún, abre una ventana política para impulsar reformas que eleven el crecimiento de tendencia más allá del actual ciclo. Ahí se jugará el legado económico.

El entorno internacional luce más favorable de lo que se anticipaba hace un año. El FMI proyecta un crecimiento mundial de 3,1% en 2026, en línea con 2025. China, nuestro principal socio comercial, crecería en torno a 4,5% en 2026, algo por debajo de 2025. Los riesgos de una desaceleración global severa parecen haberse disipado, aunque persisten incertidumbres sobre la discrecionalidad de las reglas y, en el plano financiero, el riesgo de correcciones bursátiles.

Esta relativa estabilidad, junto con factores de oferta, ha impulsado al precio del cobre, alcanzando valores peak de US$ 5,5 por libra en diciembre de 2025, cerca de 10% por sobre el promedio en dólares reales del boom de 2006-2008 y de 2011-2013. Combinado con un precio del petróleo relativamente bajo, hoy los términos de intercambio son excepcionalmente favorables para Chile: cerca de 25% mayores al promedio de los últimos quince años.

Más allá de la coyuntura, se anticipa un ciclo prolongado de precios altos producto de un cambio estructural en la demanda asociado a la transición energética global. La mayor demanda tendencial por cobre y su alto precio están generando un vigoroso ciclo de inversión minera, apalancado, además, en el cierre de la discusión del royalty y el masivo rechazo de la primera propuesta constitucional. Junto con el sector energético, la minería lidera la expansión de la inversión, la que se mantendría elevada dada la amplitud del catastro de proyectos.

Este impulso se traducirá en mayor crecimiento, reforzado por un aumento del consumo asociado al rezago del ciclo, al efecto riqueza por altos precios y al mayor ingreso disponible. Así, es esperable que la economía crezca en torno a 3%, o algo más, en 2026.

El ciclo favorable tendrá efectos positivos sobre las cuentas fiscales. Mayor crecimiento, consumo y una recaudación minera más elevada mejorarán los ingresos efectivos del fisco. Un precio del cobre un dólar por sobre lo presupuestado por el fisco para 2026 (US$4,35/lb) significaría mayores ingresos fiscales por unos US$5.000 millones, y de US$2.400 millones si estuviera 50 centavos por encima. Estos recursos permitirán reducir el déficit fiscal corriente y el endeudamiento neto, ya sea reduciendo deuda o, idealmente, reconstruyendo los fondos soberanos.

Sin embargo, este alivio es esencialmente cíclico. En consecuencia, este mejor escenario fiscal corriente no altera el desafío de consolidación fiscal ni el cierre del déficit estructural. Por lo mismo, los mayores ingresos del cobre y del crecimiento cíclico no pueden ni deben financiar gasto permanente ni compensar rebajas permanentes de ingresos. La regla fiscal existe precisamente para evitar el riesgo de confundir ciclo con tendencia y su institucionalidad —desde ya el CFA— para resguardarla.

El mejor contexto económico en 2026 es también una oportunidad para avanzar en reformas estructurales, pues facilita su discusión política. Para destrabar el actual catastro de proyectos y elevar de forma permanente la inversión, además de medidas administrativas, urge avanzar en una ley moderna de permisos ambientales. Tal reforma sería una señal potente y un legado central del gobierno entrante.

La rebaja del impuesto corporativo, junto con contratos de invariabilidad tributaria, es otra reforma relevante para aumentar la inversión. Sin embargo, ambas enfrentan desafíos distintos desde la perspectiva fiscal. Mientras la invariabilidad no compromete recursos fiscales y podría aprobarse de inmediato, una rebaja tributaria exige una compensación permanente que será central en el debate.

La baja de la tasa corporativa —cuyo costo fiscal bruto es de 0,15% del PIB por cada punto de rebaja— puede compensarse con disminución y mayor eficiencia del gasto. Sin embargo, el orden de los factores importa: una reducción cierta de ingresos no puede compensarse con la mera expectativa de un menor gasto futuro aún no materializado. Para que la reducción de gasto sea creíble, debe ocurrir primero y demostrar que es permanente, algo que el Consejo Fiscal Autónomo escrutará con especial celo. Esta secuencialidad augura que la rebaja de impuestos será políticamente más compleja.

En síntesis, el futuro gobierno parte con el pie derecho en materia económica. Pero el desafío estructural de recomponer las finanzas públicas y elevar el crecimiento potencial permanece intacto. Los ciclos ayudan, pero no gobiernan: aprovechar este buen punto de partida para hacer reformas que aseguren crecimiento de largo plazo será la verdadera medida del carácter y legado económico del próximo gobierno.