La extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela para ser juzgado en Estados Unidos ha generado una reacción reveladora. Quienes por años fueron indolentes ante una dictadura brutal -elecciones robadas, presos políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y el uso del país como plataforma del narcotráfico y terrorismo internacional- descubren ahora una súbita pasión por el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial. No se trata de una defensa genuina de principios, sino de una coartada moral.

Ningún gobierno -y menos uno ilegítimo que desconoció el principio de autodeterminación de los pueblos al burlar la voluntad popular tras su derrota electoral en 2024- tiene derecho a violar sistemáticamente los derechos humanos de su población. Ningún principio de soberanía puede condenar a sociedades enteras a una dictadura perpetua en nombre de un fracasado derecho internacional. Invocarlo para proteger a Maduro no lo fortalece, sino que lo degrada. El derecho internacional no debe convertirse en un escudo para criminales y dictadores.

Este dilema no es nuevo. En la década de 1960 el mundo enfrentó una encrucijada similar cuando Israel capturó en Argentina al fugitivo criminal nazi Adolf Eichmann para juzgarlo en Jerusalén. Entonces, el sistema internacional tampoco ofrecía soluciones eficaces ya que los crímenes no eran imprescriptibles, lo que permitió, por ejemplo, que el criminal nazi Walter Rauff muriera impune en Chile.

Hannah Arendt, en “Eichmann en Jerusalén”, advirtió con lucidez el riesgo moral de esa indiferencia colectiva. En el epílogo escribió: “Donde todos son culpables, nadie lo es”. Cuando la comunidad internacional se refugia en formalismos para eludir su responsabilidad, la consecuencia no es más derecho, sino más impunidad.

Hoy la situación es análoga. Los organismos internacionales han sido corroídos desde dentro, capturados por Estados que desprecian los principios que dicen defender y por una burocracia que ha perdido legitimidad, generando un estado de anomia internacional.

Es cierto que cuando se abandonan las reglas, la fuerza tiende a imponerse. Sin embargo, las reglas fueron primero despreciadas por quienes hoy las invocan selectivamente. Se reprocha a EE.UU. una acción excepcional, mientras se omite la responsabilidad de quienes toleraron o respaldaron 26 años de dictadura en Venezuela. Son los mismos que guardan cómplice silencio en estos días frente a la sangrienta represión a las multitudinarias manifestaciones populares contra el régimen islámico de Irán. Es más, la hipocresía alcanza niveles grotescos al ver que quienes claman por la soberanía venezolana también guardaron silencio en el secuestro y asesinato en suelo chileno del teniente Ronald Ojeda.

Lo que está en juego no es la primacía abstracta del derecho internacional ni la integridad territorial de una dictadura criminal, sino que los derechos y autodeterminación del pueblo venezolano. Todo lo demás es retórica vacía.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal Facultad de Derecho Universidad de Chile