El macrocampamento de San Antonio es el mayor del país y está siendo parcialmente desalojado esta semana. Paralelamente, el Estado inició la expropiación de casi la mitad del predio para formalizar un proyecto habitacional planificado con los propios pobladores. Su origen es disputado entre una usurpación forzosa ligada al estallido social y una toma inducida por sus dueños para vender un terreno inviable.

La mezcla de desalojo forzoso y expropiación para formalizar es una solución salomónica, y como toda salida de este tipo, deja partes insatisfechas. Los propietarios valoran que se haga valer su derecho a la propiedad en un Estado de Derecho, pero ven con recelo la expropiación, que consideran una compensación injusta. Los pobladores, en cambio, ven cómo más de dos mil familias serán expulsadas a la calle sin alternativas reales, mientras otra parte del campamento será regularizada.

La vivienda informal plantea un dilema clásico: derecho de propiedad versus derecho a la vivienda, en un contexto de crisis habitacional severa. La informalidad suele involucrar a familias del 40% más pobre, que no acceden ni al mercado ni a la oferta estatal, y que terminan expuestas a arriendos y ventas ilegales.

La expropiación y radicación —promovidas por ONU-Hábitat como slum upgrading— evita romper redes comunitarias y reconoce la autoconstrucción como parte de la solución. Pero también puede generar incentivos perversos a nuevas tomas si no se acompaña de una oferta formal suficiente.

Por eso es clave el nuevo Plan de Emergencia Habitacional, aprobado en el Congreso para el próximo periodo. Su continuidad debe asegurar más viviendas en distintas tipologías, mejor gestión de suelo y una institucionalidad robusta. Solo así Chile podrá reducir el déficit, contener nuevos asentamientos y evitar que nos llenemos de más soluciones salomónicas con todos los bandos descontentos.

Por Javier Ruiz Tagle, académico IEUT-UC y Núcleo Milenio NUVIV.