SEÑOR DIRECTOR:

En un momento en que el tema de seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y en el que el Ministerio Público es uno de los actores más relevantes, es difícil entender el verdadero circo en que se convirtió el proceso de elección de fiscal nacional y la liviandad con que cuidamos nuestra democracia.

Ninguno de los tres poderes del Estado parece haber estado a la altura de la tarea, ni haber tenido la nobleza suficiente para poner los intereses del país por sobre las agendas personales. Desde una Corte Suprema que elige una quina a partir de presentaciones orales de 10 minutos, sin preguntas ni interacción; o de un Ejecutivo que no fundamenta su decisión ni transmite a la ciudadanía porqué eligió a un candidato en vez de a otro; hasta un clímax de este relato kafkiano en el Senado, que ni siquiera vale la pena detallar.

En definitiva, se hace urgente revisar el sistema de nombramiento de fiscal nacional y, probablemente, el de muchas otras altas autoridades del país. La discrecionalidad sin límite ni control de racionalidad termina dinamitando nuestras instituciones, socavando el Estado de Derecho y poniendo en riesgo la democracia.

Tenemos por suerte ocho años para pensar en un nuevo sistema, estudiarlo e implementarlo. Un punto de partida podría ser la realización de audiencias públicas e interactivas, en que se evaluara en forma efectiva la idoneidad de los candidatos, poniéndolos a prueba en el ámbito que les correspondería como posible futura autoridad; y en el que los incumbentes tuvieran que justificar y fundamentar sus votos de cara a la ciudadanía. En otras palabras, mucha más transparencia en el proceso, que es la única manera de fortalecer nuestra alicaída institucionalidad.

Al final, el asunto se resolvió, pero el proceso cobró varias víctimas inocentes y, a mí, me dejó un sabor amargo en la boca.

M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes

Abogada