Ha pasado un año desde que entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La reforma, enmarcada en la Ley de Delitos Económicos, trajo consigo una mayor visibilidad de la responsabilidad de los directorios, lo que en muchos casos se tradujo en inquietud y, por qué no reconocerlo, hasta cierto pánico. No faltaron las voces que advirtieron de sanciones severas y de una exposición personal que parecía inabordable.

Pero es justamente aquí donde conviene detenerse: lo que pide la ley no es parálisis ni miedo, sino lo contrario. Lo que refuerza esta actualización es el deber —que siempre ha estado presente— de que los directorios ejerzan con efectividad sus funciones de supervisión y dirección. Y eso, en esencia, significa habilitar a las personas y a la organización para tomar decisiones con criterio y responsabilidad en lo que es natural para cualquier empresa: el manejo de sus riesgos.

Las empresas, como cualquier comunidad humana, se equivocan. Cometen errores, se enfrentan a contingencias y viven las consecuencias de decisiones imperfectas. Eso forma parte de la dinámica de los negocios. Otra cosa muy distinta es cuando existe dolo, cuando se busca obtener un beneficio ilícito, o cuando los deberes de dirección y supervisión se ejercen de manera meramente formal. Allí es donde aparece la sanción, y allí es donde la ley pone el acento.

Por eso, el rol del directorio no es blindarse a sí mismo con manuales que nadie usa, ni transformar la gestión en un laberinto burocrático. Su rol es más profundo: crear las condiciones para que las personas de la organización cuenten con reglas claras, procesos razonables y respaldo para tomar decisiones informadas frente a los riesgos que enfrentan en el día a día. No se trata de evitar todo error —porque eso es imposible—, sino de prevenir que esos errores se conviertan en faltas graves o en delitos.

La serenidad es clave. Un directorio que actúa con calma, y no desde el pánico, entiende que el compliance no es un fin en sí mismo. Es un medio para gobernar mejor, para alinear la estrategia con la ética y para dar confianza a los stakeholders. Desde esa mirada, la actualización de la ley, a mi juicio, nunca fue una amenaza, sino una oportunidad para revisar los modelos de prevención y de gestión con sentido crítico y asegurarse de que funcionen en la práctica, no solo en el papel.

A un año de la reforma, el llamado es claro: menos temor, más criterio. Los directorios que comprendan que su función es habilitar, orientar y supervisar —no controlar cada movimiento ni multiplicar formularios— estarán más preparados para enfrentar riesgos reales, fortalecer la cultura de integridad y asegurar la sostenibilidad de sus empresas. Sin embargo, muchos lo siguen abordando solo desde lo legal, cuando en realidad se trata de gestión y cultura organizacional.

La ley no pide perfección, pide efectividad. Y la efectividad, en el mundo de los negocios, siempre ha significado lo mismo: dirigir con lucidez, supervisar con seriedad y confiar en que las personas, bien apoyadas, tomarán las decisiones correctas.

*La autora de la columna es directora de empresas y socia de Eticolabora