SEÑOR DIRECTOR:

Nuestra institucionalidad ambiental, administrativa y judicial, parece que está respetando la lógica del reciclaje, pero esta vez con impactos negativos sobre la inversión, el empleo, los impuestos, el encadenamiento productivo y la competitividad de Chile, tan afectada en los últimos 10 años. Consultas indígenas, resoluciones administrativas, Consejo de Ministros, tribunales ambientales, Corte Suprema, una y otra vez.  En un país en que las sentencias de los tribunales sean definitivas, como lo fue la del Tribunal Ambiental de diciembre sobre el proyecto Dominga, no puede volver a sede administrativa la aprobación o no de un proyecto. Urge resolver legislativamente este conflicto de competencias, obviamente en favor de la Justicia Ambiental.

Sergio Hernández

Director ejecutivo Aprimin