El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó las acciones de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, de operación política y la acusó de atentar contra los derechos conquistados del gremio. Dorothy se estaría convirtiendo en la enemiga no solo de los profesores, sino de los empleados públicos. Atendiendo al volumen de los abusos destapados por la contralora, tiene toda lógica que los empleados públicos lo sientan así, pues ello devela que las irregularidades que están saliendo a la luz eran prácticas expandidas, sabidas y toleradas, convirtiéndose en derechos adquiridos por la vía de la costumbre. El abuso cuando es reiterado y tolerado se convierte en derecho; eso es lo que está en la base del reclamo del presidente del Colegio de Profesores. Por eso es tan valioso y valiente la defensa al empleo público y la probidad que está realizando Dorothy; porque es contracultural.

Se ha vuelto un lugar común en las campañas presidenciales hablar de un Estado al servicio de los ciudadanos, pero ello es imposible, toda vez que está capturado por los intereses de los propios funcionarios. Primero, el Estado se ha utilizado como una caja pagadora de favores políticos, lo que lleva a sobredotar al Estado con trabajadores que no tienen necesariamente las competencias o la motivación para el cargo, y una vez adentro es difícil sacarlos. Así, se desvían recursos de todos los chilenos para financiar a los “amigos” de los gobiernos de turno. Pero esta sobredotación de personas, muchas veces incompetentes, interfiere con la cultura del trabajo bien hecho, inyectando mediocridad al sistema. Segundo, no existe una cultura que premie el esfuerzo o el trabajo bien hecho. La progresión salarial es principalmente por antigüedad, pues el bono de buen desempeño pasó a ser un derecho adquirido universal, toda vez que la evaluación es un saludo a la bandera. Tercero, el empleo público remunera significativamente mejor que el sector privado en los cargos de baja y mediana responsabilidad, al mismo tiempo que los protege excesivamente, dificultando la desvinculación de trabajadores de mal desempeño. Se entiende que una parte del empleo público esté blindado frente a los cambios de gobierno, pero ello en la medida que sean funcionarios de carrera o servicio civil y bajo un régimen que incentive el buen desempeño. El mayor sueldo solo se justificaría si internalizara el riesgo al despido, pero en Chile eso no ocurre. De hecho, el escenario es el peor posible: altos sueldos, blindaje, bajo profesionalismo, sobredotación y nulos incentivos al buen desempeño. Finalmente, los intereses de los gremios se interponen en las demandas ciudadanas. Por ejemplo, el principal opositor a la creación del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas eran los trabajadores de la Conaf; quienes hoy se oponen a la ley de sala cuna universal son los empleados de la Junji; los problemas que heredaron los Servicios Locales de Educación en gran parte se deben a las presiones de los empleados que iban a ser traspasados; las listas de espera en salud responden en parte a los intereses de los funcionarios de la salud, y suma y sigue.

El abuso de las licencias truchas es la punta del iceberg, solo uno de los síntomas de un cáncer grado cuatro. Gracias Dorothy por ponerle el cascabel al gato, pero ¿ahora qué? ¿Están obligados los jefes de servicio a realizar sumarios? ¿Cuántos serán despedidos? ¿Cuántos devolverán al menos el dinero de las licencias? ¿Se volverá a fiscalizar una vez que Dorothy no esté? No nos hagamos ilusiones. Nuestra regulación, incluso en estos casos, dificulta la desvinculación. No podemos depender de la voluntad de una persona para defender el empleo público. Necesitamos un cambio regulatorio profundo que modifique los incentivos que modelan la ética laboral para así tener un Estado al servicio de las personas.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP