El rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau cerró un capítulo político, pero no la pregunta de fondo. La desestimación de su responsabilidad constitucional no significa que el país deba resignarse a mirar los errores fiscales del gobierno anterior como simples desajustes técnicos propios de la administración económica. Menos aún si lo discutido no fue una diferencia menor de cálculo, sino una secuencia de proyecciones fallidas, advertencias desoídas y decisiones que afectaron la credibilidad del Estado.

Las proyecciones económicas tienen incertidumbre. Nadie podría exigir infalibilidad a una autoridad de Hacienda, pues los ingresos fiscales dependen de variables que muchas veces escapan al control del gobierno. Pero una cosa es equivocarse dentro de márgenes razonables y otra persistir en supuestos complacientes cuando la realidad entrega señales contrarias. El problema está en que el error pareció funcional a una narrativa que necesitaba más recursos, más gasto y más promesas de las que el país podía financiar.

La pregunta es si se trató de errores habituales de proyección, de ineptitud profesional o de una obcecación ideológica inmune a la evidencia. Probablemente hubo algo de las tres, pero la más grave es la tercera, pues reinterpreta cada advertencia como resistencia política, cada restricción fiscal como injusticia social y cada exigencia de prudencia como falta de audacia.

El gobierno de Boric llegó al poder con la convicción de que el Estado debía expandir sustantivamente su radio de acción y de que la estrechez presupuestaria podía administrarse con reformas tributarias, reasignaciones y crecimiento futuro. Así las cosas, la política fiscal dejó de ser un ejercicio de disciplina intertemporal y pasó a operar como un instrumento de validación programática.

Esta lógica es peligrosa. Las finanzas públicas no son adaptables al entusiasmo del gobernante de turno. Son una arquitectura de confianza, pues de ellas dependen la estabilidad macroeconómica, el costo del crédito, la inversión, la capacidad para enfrentar emergencias y, sobre todo, la protección de los más vulnerables. Cada proyección excesivamente optimista, cada gasto permanente financiado con ingresos inciertos y cada advertencia técnica minimizada erosionan esa arquitectura. Y la factura no la paga el gobierno saliente, sino los contribuyentes, los programas sociales y los trabajadores.

Por eso el debate no se reduce a la suerte de una acusación constitucional. Incluso puede concederse que no era el mecanismo adecuado para procesar responsabilidades técnicas complejas. Pero sería un error usar su rechazo como coartada para decretar que aquí no ocurrió nada. La pregunta subsiste: ¿qué consecuencias debe tener una administración económica que incurre en errores significativos, desoye alertas y deja al país con menos holgura fiscal de la que afirmaba tener? Un Estado serio necesita evitar que aquello se repita sin consecuencias.

Lo más preocupante es que esas fallas fueron envueltas en una retórica de superioridad moral. Se gobernó como si advertir límites fuera una forma de insensibilidad, como si cuidar las cuentas públicas equivaliera a defender privilegios y como si la evidencia debiera subordinarse al mandato transformador. Una política que sospecha de la técnica cuando esta contradice sus deseos termina dañando aquello que dice proteger.

La responsabilidad fiscal es una condición elemental de justicia entre generaciones. Gastar mal hoy compromete derechos mañana; sobreestimar ingresos obliga a recortar después; y postergar ajustes encarece las decisiones futuras. Chile necesita distinguir entre el error inevitable, la incompetencia evitable y la ceguera ideológica deliberada. La primera exige prudencia; la segunda, responsabilidad administrativa; y la tercera, una corrección política profunda. Porque cuando un gobierno se convence de que sus fines justifican ignorar la evidencia, las consecuencias dejan de ser solo contables y pasan a ser institucionales. Y pocas cosas dañan más al Estado que administrarlo como si la realidad estuviera obligada a ajustarse a un programa de gobierno.

Por Jorge Jaraquemada R., Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán