En las últimas semanas, un aspecto que ha marcado la comunicación política es la serie de desavenencias entre autoridades, particularmente desde el Ejecutivo hacia el Congreso. En un período complejo para el gobierno —marcado por una baja sostenida en la aprobación ciudadana, errores comunicacionales y un clima de tensión política creciente—, algunos ministros han mostrado su desdén hacia la actividad parlamentaria.

En la política siempre ha habido conflictos. Es natural. La democracia supone debate, diferencias y confrontación de ideas. La política es, precisamente, el escenario donde se debaten las posturas enfrentadas sobre los asuntos públicos. El problema aparece cuando la discrepancia deja de entenderse como parte esencial del sistema democrático y se convierte en desprecio hacia la actividad política misma, particularmente hacia las instituciones representativas y hacia quienes piensan distinto.

Observo con preocupación una actitud que parece mirar al Parlamento no como un espacio legítimo de deliberación, sino como un obstáculo incómodo. Como si negociar, conversar o construir acuerdos fuera una concesión indeseable y no una obligación inherente a la democracia. Este desprecio a la política no sólo erosiona las relaciones entre poderes del Estado; también debilita la confianza ciudadana en las instituciones y facilita la odiosa afirmación de “todos los políticos son iguales”.

Esta actitud suele expresarse con pequeños gestos como minimizar al otro, caricaturizar posiciones distintas o actuar como si las instituciones fueran un trámite molesto. Pero cuando esa lógica se instala, el deterioro institucional avanza rápidamente. La experiencia internacional demuestra que las democracias no se debilitan de un día para otro; se erosionan lentamente, a través del desprestigio sistemático de la actividad política.

Menospreciar el diálogo y la búsqueda de acuerdos resulta especialmente contradictorio cuando, al mismo tiempo, el propio gobierno deposita gran parte de sus expectativas en proyectos que requieren necesariamente amplios acuerdos políticos. Ninguna reforma relevante —menos aún aquellas que buscan impulsar crecimiento, inversión o modernización del Estado— puede avanzar sin diálogo transversal. Pretender gobernar desde la descalificación del otro es, además de injusto, profundamente ineficaz.

Algo similar puede decirse de la estridencia catastrofista de cierta parte de la oposición que confunde el Congreso con un frente de batalla permanente y se niega siquiera a considerar para el debate las propuestas que levanta el Ejecutivo, y por si fuera poco confunde y desalienta a la ciudadanía.

Chile tiene una experiencia reciente que debiera enseñarnos algo valioso. Durante las últimas décadas, el país logró importantes avances económicos y sociales gracias a la capacidad de construir acuerdos amplios. No fueron años exentos de diferencias ideológicas ni de tensiones políticas. Sin embargo, existía una convicción compartida: el desarrollo del país requería estabilidad institucional, respeto mutuo y disposición a conversar.

Gracias a esos acuerdos se consolidó la democracia, se expandió la infraestructura pública, crecieron las exportaciones, disminuyó la pobreza y se fortaleció la inserción internacional de Chile. Muchos de esos logros fueron posibles porque distintos sectores políticos entendieron que había momentos en que el interés general debía prevalecer sobre la lógica de trincheras. Los acuerdos fueron la clave.

Por eso preocupa el avance de la polarización como forma dominante de hacer política. La polarización simplifica la realidad en buenos y malos, instala sospechas permanentes sobre las motivaciones del adversario y termina destruyendo los espacios de confianza indispensables para gobernar. Cuando el debate público se transforma en una competencia de descalificaciones, pierde la democracia, perdemos todos.

Chile necesita recuperar un clima de acuerdos, de respeto institucional y de optimismo. Porque sin confianza no hay inversión, sin diálogo no hay reformas duraderas y sin política democrática no hay futuro común posible.

Por Claudia Miralles, gerenta de Imaginacción Comunicación Estratégica.