El doble estándar en materia educacional

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Las entidades estatales no pueden pretender ser medidas con estándares de calidad distintos de los que se aplican a las entidades privadas.



Tras la polémica que se generó una vez conocida la decisión del Ministerio de Educación en orden a reducir los fondos para el programa Liceos Bicentenario y de no hacer nuevas convocatorias, la autoridad tuvo que dar marcha atrás y reponer los fondos en la ley de presupuestos 2023, mediante un acuerdo firmado con un grupo transversal de parlamentarios. El Ministerio aclaró que nunca ha sido la intención acabar con estos liceos, pero lo cierto es que no había certeza de que sin estos apoyos este tipo de establecimientos no solo se mantuvieran, sino que además continuaran multiplicándose.

El paso que ha dado la autoridad respecto de los Liceos Bicentenario es una rectificación indispensable, considerando que es uno de los pocos programas que en materia de educación pública ha rendido frutos comprobables y que han sido reconocidos por las propias familias, lo que se refleja en el alto número de postulaciones que reciben. Aun así, el protocolo de acuerdo establece que durante el primer semestre del próximo año habrá una evaluación de este programa, cuyos resultados serán considerados en la formulación presupuestaria para el año 2024.

No debería ser motivo de sorpresa que los programas públicos sean objeto de evaluación, y que la entrega de fondos se condicione a que dichos planes efectivamente logren los objetivos con que fueron diseñados, particularmente en lo que se refiere a impactos de calidad. Es pertinente entonces que los Liceos Bicentenario sean objeto de este escrutinio, pero la pregunta es por qué dicho estándar no parece aplicarse con la misma rigurosidad cuando se trata de establecimientos del Estado. Tal disparidad de criterios queda nítidamente a la vista cuando se examina el tratamiento que el gobierno está dando a los centros de formación técnica estatales (CFTE), una política pública que comenzó a implementarse a partir de 2016, tal que en cada región existiese esta alternativa estatal.

La ley estableció que estos CFTE deberían inicialmente ser supervisados por alguna universidad regional, estableciendo un plazo máximo de seis años para poder acreditarse conforme la normativa vigente. Este plazo, que ya está pronto a cumplirse en los primeros CFTE, busca ser sorpresivamente modificado por el gobierno, mediante una reciente indicación por parte del Presidente de la República a la Ley Miscelánea de Educación -ya aprobada por la Cámara, y ahora tramitándose en el Senado-, conforme la cual este “plazo de gracia” para lograr la acreditación se extendería a diez años.

Dicha extensión despierta desde ya una serie de interrogantes, sobre todo considerando que hay indicios de que la experiencia de los CFTE hasta aquí no ha sido del todo satisfactoria. Un reciente estudio de AcciónEducar muestra que este programa presenta serios de problemas de eficiencia, tanto en capacidad ociosa como en financiamiento. Por de pronto, casi el 80% de los programas estatales tiene equivalencia al menos con un programa ya ofrecido en la misma región.

Dilatar en cuatro años más la exigencia de acreditación no solo constituye un privilegio del cual carecen los centros de formación técnica privados, sino que además priva a los alumnos y sus familias saber con certeza si la entidad que han elegido cumple con los estándares de calidad que se exigen. No ocurrió aquí que su financiamiento quedara sujeto a estudios de evaluación, como sí sucedió con los Liceos Bicentenario.

Es necesario interrogarse el por qué de este doble estándar. Existe la equivocada creencia de que las entidades estatales, por el solo hecho de ser tales, son las únicas en condición de ofrecer bienes públicos o de satisfacer determinadas necesidades sociales, lo que entonces podría justificar su existencia más allá de la calidad que ofrezcan. Puesto que lo que está en juego es la formación profesional de miles de estudiantes, lo más relevante es asegurar que los estándares de calidad se cumplan, para lo cual debe existir un criterio uniforme, independientemente si se trata de entidades estatales o privadas. Los bienes públicos que el Estado busca satisfacer pueden ser provistos a través de distintas alternativas, como por ejemplo mediante becas, y en todo caso si se insiste en que el Estado debe tener un rol preponderante lo mínimo que cabe exigir es que cumpla a cabalidad con los estándares de calidad que fija para el resto de las entidades.

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