La discusión del Presupuesto 2027 que está por comenzar no será un trámite legislativo más. Es el momento exacto en que el relato político choca de frente con la realidad de las finanzas públicas. Tras la aprobación de la megarreforma tributaria, la proyección de ingresos estructurales del Estado se ajustó a la baja y el margen de maniobra fiscal quedó reducido a su mínima expresión.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya puso un rayado de cancha categórico: el gasto público no crecerá más allá del 0% o 1%. Una postura que encontró eco en sectores del oficialismo que piden derechamente que el incremento sea cero o muy cercano a cero. La austeridad siempre rinde comunicacionalmente, pero detrás de esa cifra asoma una tensión que pocos quieren sincerar.

La pregunta de fondo no es solo cuánto crece el gasto, sino cuánto margen real existe. Al mirar la estructura del presupuesto, un incremento de apenas 1% queda prácticamente neutralizado por las obligaciones predeterminadas del Estado: el mayor costo del servicio de la deuda y los compromisos legales ineludibles. En términos prácticos, la holgura disponible para nuevas prioridades ciudadanas o reasignaciones relevantes es prácticamente testimonial.

El problema es que las necesidades del país no se congelan por decreto. La población envejece a paso firme, el gasto en pensiones sube por mandato legal, las listas de espera en salud crecen y la inercia del Estado presiona con fuerza.

Aquí es donde la tensión política se vuelve inevitable. Los parlamentarios, por muy alineados que busquen mostrarse por la prensa con la disciplina fiscal, necesitan volver a sus regiones y dar cuenta de logros concretos: obras viales, subsidios habitacionales, apoyo productivo o respuestas a las demandas de sus distritos. Pero esta vez se van a topar con una caja completamente exhausta y un Ejecutivo sin margen para ceder en las tradicionales negociaciones de pasillo.

¿De dónde se ajusta entonces sin tocar beneficios sociales? En el diseño institucional el espacio es mínimo. El TC ya zanjó que una Ley de Presupuestos no puede alterar beneficios fijados en leyes permanentes. Por eso, el ajuste termina cayendo sobre lo más desprotegido: los programas flexibles y la inversión pública. Las cifras oficiales de ejecución presupuestaria de la Dipres para este año son elocuentes: más del 70% de los recortes efectivos se concentró justamente en el gasto de capital, postergando obras públicas e infraestructura regional para evitar tocar el gasto corriente de las familias.

La agenda legislativa del gobierno ha estado tensionada durante todo el año, entrampada entre el desgaste de la megarreforma y la mala idea de intentar legislar vía reformas constitucionales los problemas urgentes de seguridad de las personas. Frente a ese escenario complejo, se abre una luz de esperanza. Dado el histórico nivel técnico y la solvencia de la Dipres, cabe esperar la presentación de un proyecto de ley claro, riguroso y transparente. Una propuesta que, asumiendo con realismo las restricciones presupuestarias que nadie desconoce, sea capaz de ordenar las prioridades y garantizar plenamente las necesidades de las personas más humildes y los derechos sociales ya adquiridos por la ciudadanía.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.