El proyecto de nueva Constitución de Michelle Bachelet: Un buen punto de partida

Michelle Bachelet



Hace unos días el investigador del CEP, Lucas Sierra, en entrevista en La Tercera, afirmaba que no se debía olvidar el proyecto de nueva Constitución enviado al Congreso por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Junto con un juicio crítico sobre algunos apartados del texto (en particular, la exigibilidad de derechos o el momento de su envío) observaba con buenos ojos otros elementos del mismo (eliminar los supra quórum).

Esta mirada amable con el proyecto se ha reiterado en algunos actores académicos y políticos en el último tiempo, por lo que cabe preguntarse qué tiene de atractiva dicha propuesta de texto.

Como partícipe de su co-redacción, sostengo que la respuesta se extiende inicialmente a dos elementos generales. El primero, que el proyecto es parte de un diseño y una estrategia para arribar a una nueva Constitución. La ex Presidenta contempló un proceso participativo que diera lugar a una «Bases Ciudadanas», al envío de un proyecto de «Convención Constitucional» (abril de 2017) y a un proyecto de Nueva Constitución, el cual, debería ser remitido del Congreso a la Convención Constitucional. Es decir, el diseño tuvo una estrategia de largo aliento que sigue vigente, y que no se agotaba en su mandato. Fiel expresión de esto, es que el Acuerdo del 15 de noviembre recoge la idea de la idea de la Convención Constitucional de 2017.

Segundo, el proyecto de nueva Constitución no responde a un capricho político, sino que busca un punto de equilibrio en la discusión constitucional. El texto tiene tres grandes fuentes: la tradición constitucional democrática y social chilena, el proceso participativo de 2016 y la discusión constitucional desde los años ochenta. La propuesta busca retomar la tradición democrática iniciada en el último cuarto del siglo XIX y desarrollada en el siglo XX, y en el Estado social propio del siglo XX. En cuanto al proceso participativo, el texto recoge 90 prioridades aparecidas en los encuentros locales y cabildos, cuestión que hoy adquiere relevancia, pues muchas de las prioridades ciudadanas reaparecieron a fines del año pasado (justicia, igualdad, derechos sociales) y en la actual pandemia (salud). Finalmente, el proyecto se hace eco de la discusión académica y política, en la cual, por ejemplo, los derechos sociales y su exigibilidad, o pueblos indígenas, han sido temas relevantes.

A partir de lo anterior es necesario tener presente otra cuestión. Que las constituciones no son acuerdos entre los que piensan igual, sino, que es un pacto político y jurídico entre los distintos, propio de las sociedades pluralistas. Es así, que el texto de la ex Presidenta tiene, por un lado, una mirada constitucional clara (eminentemente social y democrática), pero por otro, una vocación de búsqueda de un acuerdo constitucional compartido, siendo deferente con las distintas posiciones constitucionales.

Los valores de la justicia, la solidaridad, la libertad e igualdad, el fin del estado en el bien común, permiten abrir la matriz de interpretación actual, desde lo meramente subsidiario a un modelo constitucional solidario, logrando un mix de principios fundantes. Junto con ello, se dispone el equilibrio entre derechos de libertad, derechos políticos y sociales, todos igualmente exigibles con responsabilidad fiscal. Se incorporan nuevos de derechos como la igualdad entre hombre y mujeres en materia salarial, los derechos de los niños y niñas, el derecho a la vivienda adecuada, al trabajo, a la participación pública, derechos de los pueblos indígenas . Regula un presidencialismo moderado trasladando iniciativas de ley del Ejecutivo al Congreso (seguridad social por ejemplo), la eliminación de quórums supra-mayoritarios y del control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Seguidamente, fortalece la democracia con la iniciativa popular de ley, entre otras cuestiones.

Finalmente, podemos afirmar que lo atractivo del proyecto de la ex Presidenta es que buscó ser un proyecto de Estado, no partisano, abierto al diálogo político, que reconoce que todos los sectores políticos tiene derecho a tener una Constitución que los identifique. Esto parece ser un buen criterio y un punto de partida para la próxima discusión constituyente.

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