El cierre fiscal de la administración Boric no podía ser peor: 3,6% del PIB de déficit estructural para 2025, sin mediar crisis alguna -más de tres veces peor que la meta original del Ejecutivo- y el 2026 ya estamos 2,7% bajo el agua. A esto se suma el aumento en US$ 21.000 millones de la deuda neta -que llega a 37% del PIB- a costa de la utilización de cuantiosos ahorros fiscales (FEES) para financiar gasto corriente; el aumento en casi cuatro veces de la deuda flotante y la descapitalización de Corfo para financiar problemas de caja.

La gestión presupuestaria ha sido más que deficiente y las autoridades deben dar explicaciones, pero responsables, no como las que hemos escuchado. Primero señalaron que la culpa era de la regla fiscal, es decir, del instrumento. Luego, que el problema no son los gastos, sino los ingresos, especialmente por las empresas que no estarían pagando sus impuestos; curiosamente, el mismo argumento sin evidencia esgrimido para justificar la fallida reforma tributaria. Ahora la excusa será contable, sobre el ciclo del cobre y sus complejidades. El problema es siempre del empedrado y la responsabilidad ajena.

Lo que realmente ocurrió fue otra cosa: el gobierno sobreestimó sistemática y masivamente los ingresos fiscales, lo que les permitió comprometer mayores gastos con ingresos de mentira. Como resultado, el déficit se triplicó y esos nuevos gastos se quedaron “pegados”. Por ejemplo, el 2023, pese a haberse retirado todos los estímulos transitorios de la pandemia, el gasto permanente aumentó en un 10%, cerca US$ 8.000 millones de entonces. Pareciera que el gobierno actuara “como sí” la reforma tributaria se hubiese aprobado.

Ahora, el gobierno de Kast deberá pagar los platos rotos y hacer el ajuste fiscal que la administración Boric se negó a realizar, pese a las constantes alertas del CFA. Para ello, la primera tarea de Quiroz será realizar su propia auditoría y fijar las metas del balance para el período. El legado es tan deplorable que lograr un balance cíclicamente ajustado cercano a -1% del PIB para 2029 ya sería un avance titánico.

Hay que comenzar por el ajuste comprometido de U$ 6.000 millones, con la aspiración de recortar US$ 8.000 millones en los 4 años. Esto exigirá modificaciones legales para asegurar su continuidad. Por ejemplo, la eliminación de programas mal evaluados o una mejor focalización de la gratuidad en educación superior requerirán pasar por el Congreso. La tramitación de las próximas leyes de presupuesto será fundamental: crecimiento real debiera ser 0 en dos ejercicios consecutivos, con contracciones de gasto en sacos grandes de recursos como el gasto en personal -20% del presupuesto-, que debiera mantenerse en valores nominales. Otros cambios podrán hacerse por la vía administrativa, como una gestión más eficiente de las compras públicas (unos US$ 16.000 millones anuales).

Pero este necesario ajuste no será suficiente: en paralelo es imperativo aumentar los ingresos vía crecimiento económico. La rebaja del impuesto corporativo a 23%, fundamental para volver a crecer, tendría un costo fiscal cercano a 0,36 puntos del PIB. La reducción de la burocracia que frena la inversión, especialmente la “permisologia ideológica” o activismo ambiental enquistado en capas medias del Estado, permitirá cubrir esa brecha. Pero también tendremos que abrirnos a otros instrumentos, como la regulación de las apuestas en línea. Colombia, Perú y Brasil ya avanzaron. Una regulación moderna, pro consumidor y pro mercado, permitiría recaudar 0,1 puntos del PIB en régimen.

Un error sistemático, negligencia o dolo, como sea, el daño ya está hecho. Lo importante ahora es salir del descalabro y recuperar la credibilidad en nuestra política fiscal.

Por Alejandro Weber, decano Economía, Negocios y Gobierno USS y exsubsecretario de Hacienda