La discusión pública sobre la gestión municipal suele girar en torno a lugares comunes. Se habla de la responsabilidad de los partidos en casos de corrupción, de la falta de capacidades para implementar políticas territoriales y, por supuesto, del escándalo de turno, acompañado de una indignación transversal. También aparecen, como es debido, quienes recuerdan la enorme heterogeneidad del mundo municipal. Todo eso es cierto. Pero, a estas alturas, también es insuficiente.

Más allá del tono inquisidor con que se comentan causas judiciales o informes de Contraloría, el problema de fondo permanece. Hace algunos años, era habitual conocer municipios que destinaban recursos a bonos, cotizaciones o remuneraciones para cubrir gastos básicos de funcionamiento. Hoy observamos problemas más complejos: contrataciones cuestionables, compras públicas con adjudicaciones dudosas, estrategias financieras que terminan produciendo déficit y deuda encubierta, además de múltiples zonas grises en el uso de los recursos públicos. Cambian los casos, pero no cambia la fragilidad de la gestión.

Conviene entonces volver sobre una premisa simple: si los problemas políticos se resuelven con más política, los problemas de gestión se resuelven con más gestión. Eso no significa ignorar la responsabilidad de partidos, alcaldes o concejales, ni relativizar la captura política del Estado local. Significa algo más elemental: que una parte del problema debe abordarse desde la administración pública y no solo desde la denuncia moral o la disputa partidaria.

Y allí el diagnóstico es conocido. Hay procesos mal diseñados, roles difusos, sistemas de información que no se comunican entre sí y decisiones que descansan en rutinas informales. Esa combinación abre espacio tanto para la ineficiencia como para el abuso. La opacidad no siempre nace de una red deliberada de corrupción; muchas veces, de una organización mal hecha. En municipios donde nadie sabe con precisión quién decide, bajo qué criterio, con qué respaldo y con qué control, la irregularidad deja de ser un accidente y se convierte en una posibilidad estructural.

No hay recetas simples. La Subdere ha promovido la profesionalización, la Contraloría ha intensificado la fiscalización y se han impulsado mecanismos de participación y control ciudadano. Sin embargo, los problemas persisten. Eso obliga a cambiar el enfoque.

Antes de seguir acumulando control tardío, hay que intervenir en los procesos donde se genera el riesgo. Contrataciones, compras, pagos, gestión de personal y transferencias deben contar con reglas claras, responsables identificables y trazabilidad completa. La profesionalización, además, no puede reducirse a escalafones o formalidades vacías: debe expresarse en concursos públicos efectivos, perfiles de cargo claros y mecanismos de selección que aseguren la idoneidad. Y esas reglas deben ser conocidas, exigibles y públicas, no quedar entregadas al criterio variable de cada municipio.

En suma, necesitamos construir capacidades de gestión, no solo castigar su ausencia. Dejad que los administradores administren, pero obliguémoslos a hacerlo bien: con reglas, trazabilidad y responsabilidad. Solo entonces el escándalo será la excepción. Mientras eso no ocurra, seguiremos confundiendo la crisis de probidad con una verdad más incómoda: que todavía no nos tomamos en serio la gestión pública municipal.

Por Nicolás Didier, académico Facultad de Gobierno U. de Chile