En medio del debate abierto tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, este martes se desarrolló en la Región de Coquimbo la “Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Democracia”, instancia que reunió a jefes comunales para analizar el nuevo escenario político y coordinar acciones frente al proyecto gubernamental conocido como “megarreforma”.

Durante el encuentro efectuado en el Edificio Consistorial de la ciudad, ediles ligados a la centroizquierda y al progresismo, junto a representantes de la Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile, presentaron los resultados de una serie de “Laboratorios Municipales” realizados durante mayo, donde manifestaron preocupación por eventuales impactos en el financiamiento municipal, la autonomía territorial y la continuidad de servicios sociales esenciales.

El informe dado a conocer durante la jornada sostiene que las decisiones impulsadas por el Ejecutivo podrían afectar directamente la capacidad operativa y financiera de los municipios, además de impactar áreas sensibles como salud, educación y seguridad, planteamiento que había sido advertido semanas antes.

Según el texto, la preocupación surgió tras la declaración pública emitida la semana pasada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), donde se alertó sobre eventuales efectos negativos de la megarreforma promovida por el gobierno.

“La discusión no se limita sólo a materias presupuestarias, urbanísticas o sectoriales, sino que afecta e incide de manera directa en la vida cotidiana de las personas”, señala el documento presentado en la cumbre.

Sostenibilidad financiera y contribuciones

Uno de los principales focos del debate fue la sostenibilidad financiera de los municipios y la eventual modificación del sistema de contribuciones y del Fondo Común Municipal (FCM).

En el denominado “Laboratorio 1”, los participantes concluyeron que los gobiernos locales enfrentan crecientes restricciones financieras y que cualquier disminución de recursos podría profundizar las desigualdades territoriales existentes.

“Los municipios enfrentan todos los días las consecuencias de las desigualdades de Chile. Mientras algunas comunas disponen de cerca de $1.000.000 por habitante al año para invertir en calidad de vida, otras apenas cuentan con menos de un tercio de esos recursos”, sostiene el texto.

Asimismo, los alcaldes y equipos técnicos recalcaron que el Fondo Común Municipal constituye “un instrumento de justicia social y redistribución histórico”, advirtiendo que eventuales exenciones o recortes no compensados afectarían especialmente a comunas rurales y sectores urbanos con alta dependencia de esos recursos.

“Debilitar el Fondo Común Municipal es profundizar la desigualdad”, concluye el documento.

“Planificación por decreto”

En paralelo, la cumbre abordó las modificaciones impulsadas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y sus efectos sobre la planificación territorial.

Los participantes señalaron que existe preocupación por “un intento por revertir esfuerzos de planificación” desarrollados en los últimos años mediante los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

“El desarrollo de las comunas debe construirse sobre la base de una planificación sólida, participativa y con liderazgo municipal”, sostiene el texto, agregando que modificar reglas ya establecidas “genera incertidumbre, afecta los procesos participativos y aumenta el riesgo de conflictos asociados al uso del suelo y al desarrollo urbano”.

En ese contexto, los alcaldes criticaron lo que denominaron “planificación por decreto”, acusando que imponer parámetros urbanísticos desde el nivel central podría debilitar la autonomía municipal y afectar acuerdos construidos transversalmente entre distintas administraciones comunales.

El documento también afirma que reglas claras y estabilidad normativa no representan un obstáculo para la inversión, sino que, por el contrario, entregan certeza jurídica tanto a comunidades como a inversionistas.

Recortes presupuestarios

Otro de los ejes abordados durante la cumbre fue el eventual impacto de recortes presupuestarios en áreas sociales sensibles.

En el “Laboratorio 3”, los alcaldes advirtieron que disminuir recursos para salud, educación o seguridad podría afectar directamente el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales.

“El debilitamiento de las capacidades municipales repercute en el acceso a servicios básicos”, sostiene el texto, señalando además que los recortes podrían generar “efectos acumulativos sobre una red de servicios interdependientes que sostienen la cohesión social y el bienestar de las comunidades”.

El informe incluso advierte sobre un eventual “desmantelamiento del Estado, por partes”, argumentando que los municipios no cuentan con capacidad financiera suficiente para suplir las brechas que eventualmente deje el nivel central.

En materia de seguridad, los alcaldes manifestaron preocupación por posibles modificaciones o eliminación de programas actualmente vigentes, señalando que “afectar programas por ‘mala evaluación’ apresurada es un error estratégico”.

La jornada se desarrolló además en el contexto del Encuentro Nacional de Municipalidades que se extenderá hasta el 5 de junio en La Serena, donde alcaldes y alcaldesas continuarán analizando medidas frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.