El debate sobre educación superior atraviesa semanas de inusual actividad: el rediseño de la gratuidad, el lugar de la formación técnico profesional, el efecto de los ajustes presupuestarios sobre la ciencia en regiones y los usos de la inteligencia artificial. Todas esas conversaciones son legítimas y varias, urgentes, pero llama la atención que ninguna se pregunte por el conjunto. Cada actor defiende su posición frente a la coyuntura y la suma de esas defensas, por bien argumentadas que estén, no compone una visión de sistema.

Administrar el sistema y pensar el qué necesitamos son operaciones distintas. La primera calibra glosas, aranceles, criterios e indicadores; la segunda decide qué diferencias importan y qué formas de excelencia cuentan como tales. Chile lleva más de una década concentrado casi exclusivamente en la primera, con beneficios conocidos en acceso y calidad, pero con un costo cada vez más visible: cuando la política no define, otras fuerzas, la caja fiscal y el mercado, deciden por defecto lo que ella no quiso decidir por diseño. El horizonte global vuelve esta tarea urgente.

La universidad que consolidó el siglo XX, aquella que integraba en una sola institución la docencia legitimada por credenciales y la investigación entendida como productividad científica, se está desagregando. La crisis del conocimiento experto y la masificación de las credenciales erosionan el valor de funciones que parecían intocables. La especialización de misiones, que aquí seguimos tratando como una anomalía a corregir en nombre de una idea simple de complejidad, constituye en muchos sistemas un principio de política: investigar, formar profesionales, crear tecnología o anclar el desarrollo de un territorio son vocaciones distintas, ninguna versión defectuosa de otra.

Aquí, nuestra modernización institucional resolvió problemas y creó otros. La Ley 21.091, la gratuidad y un aseguramiento de la calidad más exigente ordenaron el sistema en torno a un solo arquetipo, el de la universidad de investigación, respecto del cual se mide todo lo demás. El resultado es un isomorfismo de diseño: instituciones de vocación docente, aplicada, especializada o territorial son penalizadas por no ser aquello que nunca se propusieron ser, con costos que recaen, precisamente, sobre quienes sostienen el acceso en regiones. Algo similar ocurre con los grados. En buena parte del mundo el doctorado dejó de identificarse solo con la carrera investigadora y convive con doctorados profesionales orientados a la práctica avanzada, mientras aquí seguimos midiendo lo distinto con la vara de lo tradicional.

Decidir en serio supone formular preguntas que las posiciones sectoriales tienden a evitar: si es posible un aseguramiento de la calidad que evite promover el isomorfismo organizacional; una arquitectura de grados donde la práctica avanzada sea excelencia legítima, sin que un doctorado profesional deba disfrazarse de académico para acreditarse; un financiamiento que siga a la misión y sostenga por igual las distintas vocaciones instituciones. Se puede reformar indefinidamente sin decidir nunca, corrigiendo glosas sobre un propósito que nadie discute porque nadie recuerda haberlo decidido. Chile tuvo el valor de expandir su educación superior cuando pocos lo creían posible. Le falta ahora el valor, más difícil, de volver a decidir para qué la quiere.

Por Julio Labraña, académico Universidad de Tarapacá