Hipocresía y la agenda de inseguridad

18 de Octubre de 2021 /SANTIAGO Desconocidos prenden fuego a una escalera ubicada en el cerro Santa Lucía, durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social. FOTO: EQUIPO AGENCIAUNO




Por José de la Cruz Garrido, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Gobierno UDD

A partir del 18 de octubre del año 2019 fuimos testigos de un aumento y extensión de la violencia urbana que se venía gestando hace años en el país. Funerales narcos, el día del joven combatiente, los clásicos del fútbol y la violencia en los estadios, las protestas en el “cordón Macul” y la Villa Portales-USACH, balaceras en barrios segregados fueron eventos que paulatinamente cobraron mayor connotación social. Desde la asunción del Presidente Piñera se sumaron tomas de colegios, evasión masiva en el Metro por estudiantes secundarios y un ambiente de oposición parlamentaria hostil a un gobierno incapaz de llevar una agenda política que había triunfado en las urnas. Su mayor pecado: la alternancia en el poder. Una seguidilla de acusaciones constitucionales y redes sociales furibundas hostigaron desde el primer día al gobierno de centro derecha. La instigación a la violencia de organizaciones sociales cercanas a la izquierda radical fue tomando fuerza en las calles y, paradójicamente, el buen funcionamiento de la justicia en connotados casos de corrupción favoreció una percepción que erosionó aún más la confianza en las instituciones.

En este contexto, un elemento que debiera llamar la atención, y que se puso de manifiesto desde ese 18 de octubre, es la aceptación social que tuvo por parte de la opinión pública de izquierda de la vandalización del espacio público, de la destrucción del empleo y emprendimiento privado. “Lo material se recupera” dice el eslogan. En definitiva, simpatizar con grupos sociales hasta entonces invisibles a la élite, y que ahora se tomaban el espacio urbano no segregado, en nombre de una revuelta social. Para los que por años era normal en la periferia urbana, ahora aparece en escena en el centro de la capital. El oportunismo de la oposición no se dejó esperar y desde entonces el FA y el PC han trabado una agenda de seguridad que incluye al menos cuatro mensajes presidenciales: la ley anti saqueos (Ley 21.208, ingresa por iniciativa de la Cámara); la ley que sanciona la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de fuegos artificiales; hurto de madera en troza (Ley 21.310); la ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (Boletín Nº12.234-02); el proyecto que modifica la Ley N° 20.000 y diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado (Boletín Nº 13.588-07 y otros refundidos) y ley Juan Barrios (Boletín Nº 13.719-07). A lo que se suma la ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín 12.589-07), el que fue presentado en abril el 2019.

En particular el FA y el PC han votado en contra de esta agenda. No solo eso. En conjunto con el centroizquierda promueven una ley de indulto que es otra clara señal de la simpatía que despierta en la izquierda hoy por la destrucción de la propiedad, volviéndose una suerte de agenda de inseguridad. En las redes sociales no es extraño observar que incluso estos eventos se relativizan, e incluso, se persigue encubrir por medio de noticias falsas el actuar delictivo de grupos antisistema y crimen organizado. Acompañado de un constante ataque a la institución de Carabineros.

No obstante, a dos años del estallido, los mismos que otrora no solo validaron, sino que además favorecieron el actuar de delincuentes, hoy se conmueven fingiendo interés por la seguridad de los chilenos. Parte de la oposición ha torpedeado la agenda de seguridad, y la misma opinión pública de ese sector político que subía fotos en Instagram celebrando la destrucción de la ciudad, ahora descarga la responsabilidad en el ejecutivo. No sólo eso. Acusan de intervención electoral por recordar de qué lado han estado en esta crisis. Como si las leyes no se votaran en el Congreso. A ellos se le puede llamar “hipócritas”, como los antiguos actores teatrales griegos. Son solo una máscara y bajo ella se esconden los grandes promotores de la crisis de inseguridad que hoy vivimos.

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