SEÑOR DIRECTOR

En el crítico momento que vive el país, todos los chilenos, las instituciones públicas y privadas, junto a las organizaciones sociales, deben formular de un modo inequívoco la más enérgica condena a la violencia y al vandalismo irracional que provienen de la delincuencia organizada y que empañan las legítimas demandas ciudadanas en pro de una sociedad más justa y solidaria. Por ello, el restablecimiento del orden público resulta esencial, y el rol de las policías debe sujetarse a los protocolos institucionales establecidos para el uso legítimo, racional y proporcionado de la fuerza, a fin de evitar vulneraciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por los organismos internacionales.

El Estado tiene el monopolio exclusivo de la fuerza, y el gobierno, por mandato constitucional, debe proveer a la conservación del orden público. La ausencia de seguridad interior que hoy observamos crea un estado de temor e indefensión de la ciudadanía que la induce a la autodefensa y provoca una fractura social que afecta la convivencia civilizada entre los chilenos. Ello parece recrear en una regresión histórica a la sociedad hobbesiana del siglo XVII , sobre "el estado de naturaleza ", " la lucha de todos contra todos" y, al final, "el hombre es el lobo del hombre".

Sin orden público no es posible mantener la estabilidad institucional, avanzar en el proceso constituyente y en la agenda social que el país demanda con urgencia, arriesgando de paso la centralidad de la democracia y el estado de derecho.

La urgencia de Chile hoy, y que interpela la conciencia moral de sus ciudadanos, es poner término a la violencia delincuencial y lograr el imperativo de la paz social.

Nelson Hadad Heresy

Abogado y magíster en Ciencias Políticas