Bajo condiciones de libre movilidad del capital y el trabajo, los países deberían converger hacia un nivel de ingreso por habitante similar. Dicha hipótesis ha sido puesta a prueba en múltiples artículos científicos, y reformulada en el marco de la llamada “convergencia condicionada”, la cual sugiere que tal convergencia se produce en el contexto de países similares en materia de capital humano, marco institucional, y acceso a tecnología, entre otros factores.

Una implicación evidente de la hipótesis mencionada, es que al interior de cada país debiera reproducirse el mismo fenómeno. Las regiones o territorios más pobres tenderían a igualarse con las más ricas. Si bien la evidencia de convergencia interregional en Chile es débil, las brechas entre indicadores críticos de calidad de vida entre regiones son profundas y tienden a reproducirse en el tiempo. La distancia entre el nivel de ingreso por habitante es muy significativa, con Antofagasta a la cabeza y La Araucanía en el último lugar. Esta realidad tiene su contraparte en materia de pobreza, ámbito en el cual la Casen 2024 vuelve a mostrar a La Araucanía como la región con la tasa más alta, y a Magallanes con la tasa menor.

El cuadro anterior nos invita a pensar sobre los factores responsables de tales desequilibrios, y si estos pueden alterarse en beneficio de una menor desigualdad entre regiones. Un reciente estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), entrega antecedentes muy relevantes en el marco del llamado “Índice de Competitividad Regional” (ICR). Este indicador se descompone en tres pilares regionales básicos; la productividad, la sustentabilidad y la calidad de vida. Estos a su vez se construyen sobre la base de 14 factores independientes y 79 variables, cuya síntesis por región permite hacer comparaciones relevantes en el tema que nos ocupa. Mientras la llamada productividad está asociada a las variables que explican la generación de ingreso, la sustentabilidad y la calidad de vida resumen antecedentes asociados al entorno social y comunitario, y a la capacidad de conservar el medio ambiente.

En el conjunto de los tres pilares mencionados, los resultados muestran que todas las regiones exhiben mejoramientos en el ICR respecto del 2014, año utilizado como referencia. Sin embargo, el mismo informe muestra que la posición relativa del indicador consolidado por región tiende a mantenerse en el tiempo, lo cual sugiere la presencia de factores idiosincráticos por región, los cuales impiden la convergencia antes mencionada. Las regiones mineras exhiben alta productividad, pero importantes carencias en sustentabilidad y condiciones socio ambientales. Por su parte, aquellas regiones con centros urbanos importantes, tienden a generar diversificación productiva y beneficios de escala en la provisión de servicios. Entre las llamadas “regiones extremas”, destaca el caso de Magallanes, con evidente potencial de recursos naturales e importante capital humano avanzado. En el extremo inferior del ICR encontramos aquellas regiones con actividades agrícolas relevantes y escasa complejidad productiva, tales como Maule, O’Higgins, La Araucanía, Ñuble, Coquimbo y, en parte, Los Ríos y Los Lagos.

A la luz de estos resultados, cabe preguntarse si esta convergencia puede acelerarse mediante políticas públicas específicas. Existen en la actualidad diversos fondos de trasferencia que los gobiernos regionales reciben para tal efecto. Sin embargo, es evidente que los mismos no son suficientes para lograr los resultados que en algún momento permitieron que Portugal y/o España, se acercaran al estándar de los países ricos de la unión europea. En ausencia de los recursos requeridos para lograr dicha meta, la iniciativa de bajar los impuestos corporativos actualmente en estudio, puede ser una oportunidad de conceder algún grado de libertad a las propias regiones, a objeto de que estas puedan decidir “marginalmente” sobre ciertos impuestos, y generar algún retorno sobre la mayor inversión resultante. Los incentivos asociados a esta iniciativa pueden ser poderosos y de gran factibilidad política.

Por Leonardo Letelier S., decano Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile