Inversión en espacios públicos y densificación: ¿quién paga?

El anuncio sobre la instalación de nuevos medidores inteligentes en los hogares generó polémica, pues para sorpresa de la mayoría deben ser costeados por cada ciudadano. Sin centrarnos en este caso, surge una pregunta de fondo: ¿a quién le corresponde pagar las inversiones que necesita la ciudad? ¿Quién debe hacerse cargo de los costos para que tengamos mejores plazas, calles y ciclovías?

La pregunta es particularmente relevante cuando vemos cómo crece la ciudad bajo la lógica de la densificación. Según TOCTOC.com, el primer semestre de 2018, los departamentos representaron el 77,3% del mercado de viviendas en la Región Metropolitana, muy por sobre el mercado de casas. Si bien esta densificación es una buena noticia para la ciudad, siempre debe ir acompañada de inversión en infraestructura pública. Solo así se asegura poder –al menos– mantener los estándares de calidad y accesibilidad que existían previo a la llegada de nuevos edificios. Esto implica un costo que, como los medidores inteligentes, alguien debe asumir.

Hasta ahora la inversión en el entorno ha recaído en los municipios. Con sus limitados presupuestos no siempre pueden solventar los gastos en espacios y servicios públicos que exige la –a veces explosiva– llegada de nuevos edificios. El resultado ya lo conocemos: servicios públicos, áreas verdes e infraestructura vial saturados por una densificación no siempre acompañada de inversión en bienes y espacios públicos.

Para responder quién debe asumir los costos, en 2016 se promulgó la Ley 20.958 de aportes al espacio público que establece que los proyectos que conllevan crecimiento urbano por densificación, deben mitigar el impacto que generan y hacer un aporte al espacio público por medio de la cesión de terreno o su equivalente monetario, obligando a las inmobiliarias a financiar al menos parte de los costos que la densificación requiere para ser equilibrada.

Para entender el impacto que tendría esta ley, en el Centro de Políticas Públicas UC calculamos cuánto sería su aporte al financiamiento de espacios públicos en dos comunas: Macul y Quinta Normal.

En el caso de Macul, si proyectamos la tendencia actual –considerando los permisos de edificación aprobados los últimos tres años–, de haber estado operativa la ley, la municipalidad habría recibido en promedio $3,1 miles de millones de pesos anuales. Para Quinta Normal, el monto promedio sería de $1,8 miles de millones. Estos corresponden al 9,5% y al 8,6% del total de ingresos municipales, respectivamente.

El aporte parece aún más relevante si comparamos los montos con el presupuesto que estos municipios destinaron a iniciativas de inversión en 2018: equivale a 2,8 veces lo presupuestado por Macul y a 1,8 veces lo de Quinta Normal. El 30% de esta recaudación –que según la ley debe destinarse a inversiones en espacio público– podría financiar el 100% de la mantención de áreas verdes de Macul o dos tercios de la construcción del parque Marathon.

Si los municipios transforman estos recursos en buenos planes de inversión y logramos asegurar que la densificación esté siempre acompañada de la inversión pública que requiere, esta sería una buena noticia. Lamentamos entonces que, tras más de dos años de la publicación de esta ley, no esté operativa por estar pendiente su reglamentación. La densificación equilibrada no se va a conseguir de manera espontánea, por eso urge que el Estado ponga en marcha una norma que generaría muchos beneficios en la ciudad.