El debate político del último año se ha centrado principalmente en cuánto y cómo crecer, y qué capacidades reales tenemos para recuperar el dinamismo económico de los reconocidos “treinta años”. Cerrado el ciclo de discusión de la reciente reforma aprobada por el Gobierno, cuya implementación y efectos seguirán bajo la lupa, el desafío para Chile gira en torno a una pregunta inevitable: ¿con qué marco institucional contamos para sostener ese desarrollo?

En un contexto de alta polarización global, el Congreso Nacional se ha transformado en un factor de inestabilidad creciente para nuestro país. No se trata solo de una apreciación, las más diversas mediciones de opinión pública ubican persistentemente al Parlamento entre las instituciones peor evaluadas, con niveles de desaprobación que superan holgadamente el 70% en sondeos como Cadem o Criteria y una confianza ciudadana que apenas alcanza el 10% en la encuesta CEP. Por esa razón, a diferencia de los fallidos procesos constitucionales, una reforma enfocada en el fortalecer el sistema político aparece hoy como una vía indispensable para inyectarle estabilidad al sistema.

Desde el retorno a la democracia, nuestro diseño institucional ha mostrado fragilidades evidentes para responder a tres principios esenciales que debe contemplar un sistema político-electoral: representatividad, legitimidad y estabilidad.

La representatividad debe garantizar que la diversidad económica, territorial y cultural del país se refleje en las decisiones públicas, superando la brecha de que “ellos no son como nosotros”, donde los actuales debates en forma y fondo terminan alejándose de las prioridades y urgencias ciudadanas.

La legitimidad del sistema requiere que la ciudadanía comprenda y valide el modo en que elige a sus autoridades. Cuando se necesitan cálculos algebraicos difíciles de comprender para explicar por qué resulta electo un candidato con escasa votación, la confianza pública se viene abajo y volvemos al descontento de “ellos no me representan”.

Por último, la estabilidad requiere que el necesario debate político coexista sin amenazar la gobernabilidad. Hoy asistimos a la transición de una democracia de partidos hacia un modelo de influencers políticos. Con colectividades sin peso ni disciplina, construir un proyecto colectivo amplio o lograr acuerdos duraderos se ha transformado en una tarea casi imposible.

Aspirar a un modelo perfecto de estas tres variables sería una ingenuidad. Nuestro verdadero desafío radica en encontrar un equilibrio razonable entre ellas. Antes de discutir cuotas o escaños, debemos preguntarnos cuánta representatividad, legitimidad y estabilidad aporta concretamente cada indicación.

En esa línea, la propuesta impulsada por el Senado constituye un avance significativo. Apunta a revalorizar la dimensión colectiva de los partidos por sobre la figuración individual, permitiendo avanzar en devolverle estabilidad al proceso democrático.

Sin embargo, una reforma al sistema político no debe radicar exclusivamente en un ejercicio de ingeniería electoral. Sin un equilibrio sólido que sume también representatividad y legitimidad, el país carecerá de las herramientas necesarias para navegar en un escenario local e internacional crecientemente volátil; y el anhelado crecimiento económico y la estabilidad social sufrirán esa misma volatilidad.

Por Juan Carlos García, Exministro de Obras Públicas.