La cruda realidad de los campamentos

El incendio que devastó parte de un asentamiento en Iquique volvió a relevar la dramática realidad que viven las familias que habitan campamentos, los cuales se han multiplicado en los últimos años.



El incendio que este lunes destruyó más de cien viviendas en la ciudad de Iquique -dejando a más de 400 personas sin techo ni enseres- volvió a exponer con toda crudeza la dramática realidad que se vive en los campamentos, lo que nuevamente releva la urgencia de que las políticas públicas redoblen los esfuerzos para buscar soluciones, tanto para evitar tragedias como estas, así como por el imperativo de asegurar condiciones de vida digna para todos los habitantes del país.

El problema se torna aún más apremiante considerando que el número de campamentos así como de familias que viven en ellos han aumentado en los últimos años. De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de Techo-Chile y Fundación Vivienda, la cantidad de familias que viven en estos asentamientos ha alcanzado un máximo histórico respecto de 1996. Conforme dicho registro, más de 80 mil familias viven en esta realidad, repartidas en 969 campamentos. Si se compara con el catastro del Ministerio de la Vivienda de 2019, los datos suponen un aumento de 73% en la cantidad de familias, y 20% en el número de campamentos.

El estallido social de 2019, y luego la pandemia, han sido factores que multiplicaron este tipo de asentamientos, producto de la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos familiares, realidad que si bien afectó a buena parte del país, en el caso de los sectores más vulnerables estos efectos fueron aún más devastadores. El alto costo de las viviendas, el aumento en el valor de los arriendos y la menor disponibilidad de suelo para construir, son también factores que tradicionalmente han llevado a que muchas personas se vean forzadas a establecerse en campamentos.

El aumento de la inmigración en condiciones irregulares también ha incidido en el incremento de familias que viven en estos asentamientos -en el caso que afectó a Iquique, la mayor parte de los afectados fueron ciudadanos bolivianos-, sin perjuicio de que la evidencia indica que la mayor parte de quienes habitan allí son connacionales. Con todo, es un recordatorio sobre la importancia de contar con políticas que promuevan una migración regular y ordenada, para evitar que se agudice la precarización social.

Los campamentos suelen ser espacios de alto hacinamiento, y por lo general carecen de acceso a servicios básicos -la falta de grifos en la mayor parte de ellos es una amenaza latente para la seguridad de sus habitantes-; su existencia es reflejo de profundas carencias sociales, y son también signo de segregación. Todos los gobiernos han desplegado esfuerzos para terminar con los campamentos, e incluso se han puesto fechas de término -en 2007, por ejemplo, las autoridades de la época preveían su erradicación en 2010, mientras que bajo la primera administración de Sebastián Piñera se cifraba el año 2015-, pero la imposibilidad para conseguirlo revela que se trata de una tarea particularmente exigente, lo cual demanda una política multisectorial que trascienda gobiernos.

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