La oportunidad perdida de la Convención Constitucional

Parece evidente el fracaso del proceso constituyente, toda vez que su proyecto despierta más críticas que apoyo, e incluso si llega a aprobarse tendrá que ser modificado sustancialmente.



La Convención Constitucional termina su mandato de una manera impensada: con la mayor parte del país criticando su actuar y sin que sea descartable que la opción Rechazo termine imponiéndose en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Ambas realidades están reflejadas no solo en las encuestas de opinión pública, sino también en las declaraciones de todos los grupos políticos e incluso en muchos miembros de la Convención, quienes, aunque apoyen el proyecto, señalan que el proceso distó de ser el adecuado y que el resultado es, en el mejor de los casos, incierto.

Pero, sin duda, la mayor evidencia de que el rechazo de la ciudadanía se ha ido asentando fue la actitud del propio Presidente Gabriel Boric, quien esta semana optó por desmarcar a su gobierno del resultado del plebiscito, un giro insólito luego de que él mismo había planteado lo contrario en diversas oportunidades. Tan brusco fue el viraje, que sus declaraciones dejaron sin piso a dos de sus ministros más cercanos -Camila Vallejo y Giorgio Jackson-, que pocos días antes seguían apegados al discurso oficial de que sin la nueva Constitución el programa de gobierno no se podrá llevar a cabo, algo que ahora suena un verdadero suicidio político teniendo en cuenta el apoyo con que cuenta el Rechazo.

Por todo lo anterior, es que al hacer el balance del proceso constituyente probablemente la mayoría piense que se trata de una gran oportunidad perdida. No solo por el proceso mismo o por razones políticas, sino por una cuestión más de fondo: la Constitución que se está proponiendo no es adecuada y contiene defectos que serán muy difíciles de corregir, salvo que se modifique en forma estructural. Esto lo tienen tan presente los propios constituyentes, que durante el último tiempo se dedicaron a buscar todo tipo de amarres para evitar futuros cambios constitucionales, algo que en parte corrigieron por la presión pública.

Por todo lo anterior, se puede decir que lo único concreto que logró este proceso es que ahora el país tenga que elegir cuál Constitución quiere cambiar: la actual o la que se propone. Las razones del cambio son diferentes. La actual porque, según muchos, no cuenta con la legitimidad necesaria. La nueva porque no funciona. En esto último, en general los especialistas no discrepan, porque si bien el texto recoge preocupaciones importantes de la sociedad chilena, como el cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de los pueblos originarios y relevar el rol de la mujer en la sociedad, no diseña instituciones adecuadas para encausar esos temas.

Visto de esta manera, entonces no resulta exagerado decir que el proceso está terminando en un fracaso. La Convención tenía una sola tarea: elaborar un texto sólido y moderno, pero lo que entregará mañana dista de serlo. Y para constatarlo no se necesita esperar el resultado del plebiscito. Incluso si gana el Apruebo, todos sabrán que la nueva Constitución hay que reformarla.

Evidentemente, esto supone altos costos para el país. El despilfarro de la Convención -fruto de las visiones maximalistas que cruzaron todo el proceso, reflejadas a la perfección en la sesión final de esta semana, que culminó con el grito de “el pueblo unido avanza sin partidos”- deja a Chile en una situación compleja, porque significará que seguiremos enfrentados a la incertidumbre de futuros cambios constitucionales, algo que no es positivo ni funcional para la democracia. Una situación que, además, añade más incertidumbre al ya complejo escenario económico y social.

Las autoridades deben tomar nota de aquello. Por eso, terminado el tiempo de la Convención, vuelve el tiempo del gobierno, el Congreso y los partidos, quienes tendrán que lidiar con el país post plebiscito y encausar los cambios que se requieren de una manera más ordenada y coherente. No será una tarea fácil, porque el país volverá a estar muy dividido, pero de alguna manera tendrán una oportunidad única para reposicionarse como los actores más relevantes del devenir político del país, precaviendo la repetición de una nueva experiencia fallida.

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