SEÑOR DIRECTOR:
El gobierno del Presidente Gabriel Boric cerró su gestión de 2022 concediendo cuestionados indultos a condenados por diferentes tipos de delitos: varios de ellos, en contra de las personas. Las razones y la discusión posterior sobre su pertinencia, atribuciones o no de uno u otro Poder del Estado, son debates esperables, pero de no mucha importancia para otro grupo de ciudadanos chilenos que han estado al otro lado de la vereda: las víctimas.
Aprovecho esta contingencia para volver a hablar de ellas y ellos, en particular, de las víctimas de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur.
Y nuevamente nos planteamos una pregunta que, a quienes vivimos en el sur de Chile, nos da vueltas por la cabeza: ¿Por qué el Presidente de Chile insiste en acudir con tanta celeridad a beneficiar a personas que han participado en acciones delictuales, destruyendo nuestras ciudades, incitando y provocando acciones de violencia?, o ¿por qué considera, en el caso del sur de Chile, una cárcel especial para mapuches, sabiendo que eso es abandonar la justicia y la igualdad ante la ley?
Mientras esto ocurre, personas con las que él mismo conversó cara a cara, personas que esperaron casi ocho meses para que viajara a la región donde viven y donde también fueron violentadas, siguen sin obtener justicia.
Por fortuna, el Congreso aprobó en el presupuesto para 2023 una indicación presentada por el senador José García Ruminot, que obliga al Ejecutivo a impulsar una ley para reparar a las víctimas del terrorismo en el sur de Chile -a partir de una propuesta del Gobierno Regional-, que incluya la creación de un catastro de víctimas de estas redes de criminales y terroristas y avanzar hacia un justo resarcimiento para personas inocentes, trabajadores y trabajadoras humildes de nuestra tierra.
Cuando el Presidente Boric visitó La Araucanía, estuvo en mi oficina en el Gobierno Regional y le entregué una propuesta de ley, que redactamos con abogados de la región, para concretar lo que ahora el Congreso dice que es una obligación.
Y, más importante, él mismo señaló haber sido sensibilizado por los testimonios de Ingrid Manríquez, Lissette Ovalle y Mauro Aguilar, entre otros, quienes hoy viven con dolor, pero con la esperanza de una promesa presidencial de que vivirán en una región segura, sin miedo ni terrorismo. Desde mí convicción personal, quiero decirle al Presidente que está en sus manos cumplirla.
Luciano Rivas Stepke
Gobernador regional de La Araucanía
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