Las medidas económicas del gobierno



El significativo paquete fiscal anunciado por el gobierno el 19 de marzo frente a la amenaza recesiva que se cierne sobre la economía chilena padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión para que no falten recursos en el sector público de salud, que debe ser la prioridad de las prioridades, pero si se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones, sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. La reducción a cero del impuesto de timbres y estampillas que se aplicará a los créditos por seis meses no está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil en cambio está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio en vez de en abril del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

Lo que no parece tener justificación es por qué no se hizo una focalización y calendario de devolución de los pagos suspendidos de la recaudación mensual de las utilidades de las empresas y del impuesto a los créditos que no se cobrará en un semestre. La concentración de la activida económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de salarios en empresas con suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador, con un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva complementado en caso de agotamiento de los recursos de la cuenta individual por el fondo solidario de cesantía. Se prevé un suplemento de recursos de hasta US$ 2 mil millones. La flexibilización laboral hasta 50% de la jornada de trabajo con un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo al autoempleo para dos millones de personas sin empleo formal es muy bajo, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar, con un gasto de US$ 130 millones (a comparar, por ejemplo, con los US$420 millones que costará la suspensión del pago de impuesto a los nuevos créditos por 6 meses). Además, se establece un fondo de US$ 100 millones para atender caídas de ventas del micro comercio local por los municipios, lo que es muy insuficiente.

Se podían concebir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades permanecieran contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía, con un tope para los salarios más altos. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas fueran subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplicara un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El gobierno prefirió mecanismos que primordialmente protegerán las utilidades de las empresas formales, con el grueso de los apoyos que se dirigirán a las más grandes.

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