¿Tendrá el futuro gobierno una oposición de izquierda leal con la República y el orden democrático? Es difícil que eso ocurra, principalmente por dos factores: el Partido Comunista y el Frente Amplio. El modelo de negocios de ambos es parecido: presionar desde la calle y capitalizar en el sistema político. Es decir, saltarse, en nombre del “pueblo” o los “movimientos sociales”, las instancias de mediación y representación política cuando no les favorecen. De esta manera, las instituciones sólo tendrían legitimidad cuando las ocupan ellos.

A los comunistas les importa mantener el control sobre los espacios que instrumentalizan. Convencidos de que son la vanguardia del proletariado, hacen un esfuerzo por poner su sello y sus dirigentes a la cabeza de organizaciones como la CUT, la ANEF o el Colegio de Profesores. Lo mismo con los centros de estudiantes. Su modelo de explotación de las organizaciones civiles es desde arriba.

El negocio frenteamplista, en cambio, es como el de Uber (externalización). Se sostiene en una administración más inorgánica de la ultra que medra usando organizaciones civiles como fachada. Lo que hacen es recoger “causas”, “luchas” y “discursos”. Todos caben: ambientalistas, animalistas, veganos, minorías, feminismos, indígenas reales y falsos (¿qué tal los “diaguitas” Araya-Araya?), estudiantes, etc. De eso se trata la política identitaria: manejar stocks infinitos de causas y luego administrar esas carteras a conveniencia. Por cierto, el cliente principal del frenteamplismo son los universitarios (porque son la FECH). Pero se manejan en la interseccionalidad.

Cuando están en el gobierno, comunistas y frenteamplistas premian a sus clientes. Buena parte de la permisología parece ser casetas de peaje instaladas para darles trabajo a los amigos. Siguen la lógica argentina del chor(r)eo: los fuertes agarran tajadas grandes, pero se deja que llegue un poco a todos, para después amenazarlos con perder “los derechos ganados”. Son los círculos concéntricos, pero del asalto al Fisco: la parte del león se queda al centro, pero la primera línea de defensa son los que reciben el raspado.

Cuando comunistas y frenteamplistas no están en el gobierno, están en el Congreso, pero sobre todo en las calles, haciéndole zancadillas permanentes al adversario. Ya conocemos el método: un discurso paranoide y exagerado, que convierte al que ocupe La Moneda en Pinochet, en un nazi, en lo peor de la humanidad (leo en “El Ciudadano” una columna de Taroa Zúñiga, militante comunista, especulando que lo único que puede detener al “nazi” Kast es un “disparo de nieve (Nievi)”, y Jara se reía del vidrio antibalas). Detenerlo, dirán, es un deber moral. Luego comienzan las marchas, los paros y las tomas, seguidas de interpelaciones y acusaciones en el Congreso, todo validado por “expertos militantes” injertados en la academia (como el exministro Pardow y el coro de “expertos en ultraderecha”). Y entonces se esperan los errores del gobierno, que van haciendo cada vez más alto el precio a pagar. La receta es conocida: piel de cristal y puño de hierro. Que la derecha termine en la lona y todos esperen que la izquierda gane para detener el desorden.

Durante el estallido, el PC, junto a parte del FA, decidió ir más allá y azuzar a la calle para que derribara a Piñera. El resto del FA, junto a la “centroizquierda”, vio la oportunidad de dictar su propia Constitución, y pusieron ese precio al mandatario democrático para evitar la destrucción total del orden. Por supuesto, este fue un escenario excepcional, que no es probable que se repita en los próximos años, pero muchas de sus dinámicas ya nos advierten respecto al modo de ser oposición que tienen estos lotes.

Varios grupitos y grupúsculos, inmóviles bajo Boric (feministas que no supieron de Monsalve, obreristas que no supieron del turno de 18 horas de Hugo Morales en La Moneda), ya anunciaron movilizaciones. Se va a repetir la película de siempre. Y aquí la única diferencia que se puede hacer está en la inteligencia para enfrentarlos, revelando que no son más que fachadas de intereses políticos. Levantar, si se quiere, el secreto movilizatorio.