Los partidos oficialistas han propuesto eliminar el límite de 11 años en el cálculo de las indemnizaciones por años de servicio, con el objetivo de fortalecer la protección laboral. Sin embargo, la evidencia sugiere que aumentar costos de despido en el actual contexto chileno no es buena idea.

La literatura es clara: mayores costos para despedir reducen la creación de empleo. Las empresas se vuelven más cautelosas al contratar cuando enfrentan mayores costos por terminar relaciones laborales. Además, incentivan mayor rotación laboral y empleo de corta duración, pues prefieren terminar contratos antes de que se acumulen indemnizaciones significativas. También fomentan la contratación informal, donde los empleadores evitan costos regulatorios.

Endurecer estas políticas tiene claros ganadores y perdedores. Los “insiders” (trabajadores con empleo estable) se benefician, pero a costa de los “outsiders” (desempleados o con empleos temporales), quienes enfrentan más barreras para acceder al mercado formal. Esto es especialmente preocupante cuando el 96% del aumento reciente del desempleo corresponde a personas con más de un año buscando trabajo.

Los costos de despido son solo transferencias entre empleadores y trabajadores, sin efectos reales sobre el empleo dirían sus defensores. Esto sería cierto sólo bajo supuestos muy poco realistas: trabajadores neutrales al riesgo, salarios flexibles y ausencia de costos administrativos (la dimensión impositiva de los costos de despido). En la práctica, los trabajadores son adversos al riesgo, los salarios tienen rigideces a la baja y existen costos legales significativos.

Eliminar completamente las indemnizaciones tampoco es óptimo debido a que los trabajadores son aversos al riesgo y tienen menor acceso a mercados de capital que las empresas. Algún nivel de protección actúa como seguro eficiente, pero debe balancearse cuidadosamente con la flexibilidad necesaria para la creación de empleo. Reconociendo lo anterior, algunos destacados economistas proponen eliminar completamente las indemnizaciones y reemplazarlas por cotización mensual adicional al seguro de cesantía de forma de financiar provisiones para la indemnización.

Chile enfrenta hoy un mercado laboral débil. Entre febrero y abril de 2025, el desempleo alcanzó 8,8%. En ese período, el desempleo de larga duración aumentó en 36.000 personas, mientras se crearon solo 20.000 empleos. Hay más de 1,1 millones de trabajadores con contrato indefinido con más de 11 años de antigüedad (20%). Eliminar el tope implicaría un alza considerable en los costos para las empresas, desincentivando la contratación formal y afectando la ya frágil dinámica del mercado. La experiencia internacional confirma estos efectos: países con mayor protección del empleo tienden a tener mercados más rígidos y desempleo de mayor duración.

Nuestro país debe avanzar hacia mayor flexibilidad, con protección adecuada. Reemplazar la indemnización por un sistema de cuentas individuales del seguro de cesantía es una buena alternativa, pues reduce incertidumbre y simplifica procesos. Sin embargo, dado el cóctel de reformas simultáneas que ha impactado al mercado laboral recientemente, agregar otra cotización adicional sería contraproducente. De hecho, los impactos simultáneos de estas reformas aún son desconocidos. Por eso, una estrategia gradual parece más sensata: reducir el tope vigente de forma progresiva, mientras se fortalece el seguro de cesantía y se simplifican los procedimientos de despido.

Por Mauricio Tejada, académico Facultad de Administración y Economía UDP