Ofertones constitucionales



Por Pablo Valderrama, director ejecutivo de IdeaPaís

La marcha del 25/O -no el 18/O- levantó una expectativa de cambios que después de dos años aún confunde a izquierdas y a parte de la centroderecha. Así, con el ánimo de reelegirse, nuestros políticos han salido a vender “barato”, prometiendo desde terminar las AFP hasta ofrecer cuánto derecho social se les ocurra.

La izquierda, eso sí, ha sido la más “competitiva”. Hasta le bajó el precio a “dignidad” y ha formado coaliciones que manosean la palabra: Apruebo Dignidad, Chile Digno y Dignidad Ahora. Nombres que desalman el concepto cristiano de dignidad, reduciéndolo a un burdo materialismo.

Lo peor es que todos estos ofertones dejarán una resaca intensa, pues en algún minuto deberán pagar la fiesta prometida. Y no solo los candidatos presidenciales y parlamentarios, también los convencionales de la izquierda demagógica. Ellos y sus “juristas” serán los principales responsables del espectáculo, pues, con mucha poesía, darán forma a estos combos promocionales a través de un larguísimo listado de derechos sociales -universales, gratuitos y reclamables ante tribunales cuando alguien los considere insatisfechos-, que no serán más que la promesa de una fiesta que ellos no pagarán.

Por su lado, la confusión de la centroderecha con la expectativa ciudadana podría llevarla a cometer el mismo error que su adversario, pero en un sentido contrario. Si la izquierda abraza acríticamente ese ánimo social, la centroderecha podría tentarse con ignorarlo por completo.

Sin embargo, hay una alternativa a esos errores: las metas sociales. Un modo de abordar los derechos sociales -como Alemania o Suiza- que tiene una virtud jurídica y otra política. La primera, ya que permite asegurar responsablemente ciertas prestaciones sin caer en el ofertón demagógico. Esto ocurre porque las metas son mandatos que la Constitución envía al Congreso de legislar, con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, ciertos asuntos sociales, bajo criterios de eficiencia, responsabilidad fiscal y progresividad.

En lo político, permite aumentar el control ciudadano sobre las autoridades, ya que habilita presentar acciones o recursos, tanto para exigir que los legisladores cumplan con su deber constitucional de legislar, así como, en ciertos casos, exigir la prestación de un derecho. Por otra parte, podría servir para encontrar a sectores moderados -y también a los no tanto- de la Convención. Podrían concordar un Alfredo Moreno (UDI) con una Amaya Álvez (RD), e incluso un poco más allá.

Como se ve, nuestros políticos -en la Convención y afuera- deben buscar el modo de hacerse cargo de la justificada expectativa ciudadana. Lo importante es no marearse en el camino y encontrar, con ingenio y talento, puntos de encuentros que permitan salir de la crisis sin ofertones ni falsas promesas constitucionales.

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