A dos días de la fecha límite para resolver el futuro de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, la mesa de diálogo formada entre el gobierno, municipio y propietarios del terreno decidió aplazar para esta semana un acuerdo. Ya en febrero se había postergado la ejecución del fallo judicial que ordenaba el desalojo, y persiste una diferencia de $11 mil millones entre la tasación del predio y los $57 mil millones que el gobierno está dispuesto a pagar. De no haber acuerdo, se ejecutará el fallo de la Corte de Valparaíso, lo que implica desmantelar más de 4.100 viviendas dejando a las familias en la calle.

En septiembre también debiera ejecutarse la esperada orden de desalojo y demolición del campamento Terrazas de Marga Marga en Quilpué, con unas 50 viviendas levantadas en terrenos de Alejandro Correa, asesinado el 2020 por las mafias de loteadores que usurparon su terreno.

Esta tragedia era evitable. No debemos estigmatizar las tomas, ni tampoco romantizarlas. A la comprobada participación de mafias loteadoras en Quilpué, se suma la acción coordinada de grupos radicales de izquierda y hasta políticos oficialistas. También hay comités organizados, pero, en la mayoría de los casos, quienes promueven las tomas se están aprovechando de la poca voluntad de aplicar el Estado de Derecho, y de la desesperación de miles de familias que terminan en una toma porque se les agotaron las alternativas.

El 2007 teníamos 20.500 familias viviendo en campamentos, pero la falta de focalización de las políticas habitacionales, el estallido, la pandemia y la migración desataron la crisis. Hoy tenemos más de 120.000 familias en 1.428 campamentos activos. Lamentablemente, el Programa de Gobierno del Presidente Boric, en lugar de enfrentar el problema “anteponía la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos” (Página 151). Esto fue un llamado velado a participar en tomas y otra demostración de que el buenismo del gobierno tropezó con la realidad.

A seis meses del fin del gobierno y en plena campaña electoral, el costo político de ejecutar desalojos masivos será insostenible. Entre 2022 y 2023 fueron desalojadas 1.700 familias, y hay 229 campamentos en inminente situación de desalojo. Aunque existe una guía operativa para desalojos, lo cierto es que no hay protocolos claros para enfrentar lo que viene después. ¿Qué se hace con miles de familias sin techo de un día para otro? Más aún cuando persiste la lenta reconstrucción tras los incendios de la Quinta Región, y el Plan de Emergencia Habitacional enfrenta atrasos y dudas sobre su cumplimiento.

El Presidente Boric y el ministro Montes pusieron la vivienda social en el centro de la agenda, con una meta ambiciosa y un discurso claro. Pero con tanto relato y pésima gestión, la urgencia se transformó en frustración. El país no resiste más mesas de diálogo ni postergaciones. El gobierno y las familias en toma pasaron agosto, pero la desidia y falta de gestión dejarán un triste legado y una crisis humanitaria que tendrá que resolver el próximo gobierno.

Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura Universidad del Desarrollo