El malestar con la política surge cuando las reglas se usan para eludir decisiones; cuando el procedimiento reemplaza al debate; cuando una mayoría transversal es bloqueada no por argumentos sino por maniobras; cuando se olvida el sentido profundo de la función pública.

Eso ocurrió con el proyecto de sala cuna en el Senado a fines de enero. Tras dos años de trámite y diálogo político y social, cuando la comisión de Educación debía discutir indicaciones fruto de un acuerdo técnico, su presidente, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), optó por ausentarse con permiso constitucional y no convocar a sesión. El recurso reglamentario impidió que la iniciativa avanzara. No fue una derrota legislativa ni una discrepancia ideológica resuelta en deliberación pública. Fue una suspensión deliberada. Y en política, esas argucias erosionan la confianza más que una votación adversa.

Por eso cabe insistir: el proyecto no es fruto de la improvisación ni patrimonio de un sector político; ha atravesado tres gobiernos y concitado largos debates con actores diversos; busca reformar una norma laboral anacrónica, que desde 1925 obliga solo a empresas con más de 20 trabajadoras a financiar sala cuna. En un siglo cambió el mundo; la ley no.

Las cifras son elocuentes. Veinte meses después del primer hijo, la brecha laboral de género en Chile aumenta en casi 15 puntos y los ingresos femeninos caen hasta un 35% (COES, 2023). Este fenómeno se conoce mundialmente como la “multa por hijo”: cuando el cuidado recae casi exclusivamente en las mujeres; por cultura y regulación, la desigualdad se institucionaliza. Resulta incomprensible verla aún inscrita en el Código del Trabajo.

Por eso, el proyecto desvincula el costo de sala cuna de la contratación femenina; crea un fondo solidario financiado con una cotización imponible a cargo del empleador (que termina en 0,2% al restar 0,1% del Seguro de Cesantía) y suma aporte estatal; amplía cobertura a trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular; incorpora corresponsabilidad, reconociendo el derecho de los padres, y contempla gradualidad con responsabilidad fiscal.

El Presidente electo prometió en su programa impulsar una ley de sala cuna en sus primeros 90 días. Pero, ¿es distinta o es el mismo texto frente al cual caben mejoras? Como advirtieron líderes de ComunidadMujer, Espacio Público y ChileMujeres, iniciar de cero con el nuevo Congreso revelaría una comprensión limitada de lo que la ciudadanía espera. Tras 20 intentos en 25 años, desechar lo avanzado sería inaceptable.

La democracia no exige unanimidad, exige debate y votación. Si hay reparos fundados, deben plantearse con argumentos, no con bloqueos. Retomar la discusión inmediatamente en marzo y votar, perfeccionando lo necesario, sería una señal de voluntad política y visión de Estado, para responder a más de 25 mil mujeres con hijos menores de dos años y a las 150 mil que están fuera del mercado laboral por razones familiares permanentes, que hoy no acceden al derecho del artículo 203. Ni ellas ni sus hijos pueden seguir esperando.

Por Alejandra Sepúlveda, gerenta de Proyecto Integridad electoral y Género (RLAC)–IDEA Internacional