España vuelve a estar en el centro del debate europeo. El gobierno de Pedro Sánchez publicó un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes en situación irregular. No es una medida menor. Tampoco es neutra políticamente. En un contexto donde la tendencia dominante en Europa es endurecer las políticas migratorias, España ha optado por otro camino. ¿Estamos ante una decisión estratégica y de coraje político, o ante un error que le podría costar su gobierno?

Partamos por sincerar la discusión. La migración no es solo un debate moral, es sobre todo una cuestión de interés nacional. En un país, como España, que envejece rápidamente y enfrenta dificultades para sostener su sistema productivo y sus servicios públicos, integrar a quienes ya están —y ya trabajan— tiene lógica. Permite ampliar la base contributiva, reducir la informalidad y responder a déficits estructurales de mano de obra. España ya depende en parte de esa realidad. Ignorarla no la hace desaparecer. En ese sentido, más que una concesión, la regularización aparece como una forma de ordenar lo que ya existe y reconocer derechos a personas que contribuyen al país.

El precedente europeo, sin embargo, obliga a mirar con cuidado. La decisión de Angela Merkel en 2015 fue celebrada como un gesto de liderazgo moral, pero con el tiempo se ha vinculado al auge de la extrema derecha en Alemania. España podría enfrentar una tensión similar, aunque con una diferencia relevante: buena parte de su migración es latinoamericana, lo que facilita la integración cultural y lingüística y reduce algunos de los costos de adaptación de la experiencia alemana.

Algo parecido ocurre con el argumento económico. Es cierto que la regularización puede reforzar un modelo que descansa en sectores de baja productividad y que crece incorporando trabajo en la base de la escala salarial. Pero esa mirada, siendo válida, es también incompleta. Las economías no son estáticas, y la integración de quienes llegaron —y, sobre todo, de sus hijos— tiende a expandir oportunidades y movilidad con el tiempo. El riesgo de consolidación existe, pero también la posibilidad de transformación.

El problema más complejo, está en otros lados. Primero, la regularización extraordinaria instala la idea de que se puede entrar por la ventana y luego encontrar una puerta. Segundo, crea un incentivo para que más personas ingresen irregularmente, pues ahora existe una expectativa de que serán algún día regularizados.

Mi conclusión es que la regularización de migrantes traerá beneficios importantes para los propios migrantes y la sociedad española. Sin embargo, a Sánchez podría salirle el tiro por la culata si en los próximos meses se observa un aumento de los ingresos irregulares. La prueba, entonces, será su capacidad para implementar el proceso de regularización sin generar incentivos para nuevas entradas irregulares ni desorden en la gestión migratoria. De ello dependerá su éxito político. Y si no lo logra, esta política, con beneficios claros en el presente, podría terminar costándole muy caro en el futuro.

Por Benjamín Salas, abogado y colaborador asociado de Horizontal