Nuevamente el fantasma de la corrupción se cierne sobre nuestro país. A pocos días de la elección presidencial, hemos conocido nuevos antecedentes respecto de actos que involucran a la exsuprema Ángela Vivanco, un grupo de abogados y, pareciera, a partes interesadas de no poco poder de influencia. De ser corroborados por la justicia, constituirían probablemente la mayor red de corrupción del Poder Judicial en democracia.

Seamos racionales. Salta a la vista un problema: los acusados son insiders del Poder Judicial. Esto sugiere enfrentar este caso con inteligencia. El sistema procesal da garantías a la parte acusada (la que puede recusar al juez de garantía asignado al caso). Esto es correcto: la parte acusada tiene derecho a que quien la juzgue no tenga animadversión a ella. Falta la segunda parte: que el Ministerio Público o algún querellante eventualmente pida la inhabilitación del juez no recusado. Esto daría garantía a todos de la imparcialidad del juez de garantía. Debe haber proactividad en este caso.

Seamos oportunos. El Poder Judicial debe entender que la oportunidad de sus acciones es primordial. No es evidente que lo tenga claro. La dilación de acciones clave – como los 10 meses para hacer público el fallo que absolvió a los acusados de financiamiento ilegal de la política– solo alimenta la sospecha y permite la manipulación de la información. Siendo este el caso más grave de corrupción que podría afectar a la Corte Suprema, la oportunidad será clave para contener el efecto corrosivo de la sospecha y la desconfianza.

Seamos implacables. El Presidente Lagos dijo “caiga quien caiga”. Ese frase cobra ahora nuevo vigor. El Poder Judicial debe ser implacable porque el efecto negativo sobre su reputación atenta contra su esencia.

La esencia del Poder Judicial es que las víctimas de crímenes sientan que la sociedad, a través del sistema judicial, sanciona a quienes violan las reglas comunes. Sin credibilidad en que el Poder Judicial hace esto, ¿por qué las víctimas no intentarían hacerse justicia por sus propios medios? O si una persona influyente viola la ley y el Poder Judicial aparentemente no hace nada, ¿por qué no violaría uno mismo la ley?

Está en juego una de las dimensiones de la “lealtad al contrato social”. En un ambiente de justicia neutra, proporcional y oportuna, los ciudadanos tenemos razones para someternos a las leyes comunes. Por el contrario, cuando la justicia actúa con privilegios, sin proporcionalidad y de manera tardía, un ciudadano racional podría sacar como conclusión que esto no tiene sentido. Así, el Estado de Derecho se fragiliza, ya sea porque se violen las leyes o, en el extremo, cuando algunos decidan rebelarse contra el orden legal.

Es imperativo que los candidatos presidenciales sean claros respecto de esto y sin miramientos comprometan su prestigio personal en enfrentar implacablemente el flagelo de la corrupción.

Por Guillermo Larraín, FEN U. de Chile