El asesinato de un funcionario de la PDI impactó al país, el crimen no ocurrió en un procedimiento policial, en que el riesgo está siempre presente; por el contrario, ocurrió mientras el funcionario estaba fuera de servicio. Las primeras hipótesis apuntan a que ocurrió como consecuencia de su trabajo en la persecución del comercio de productos falsificados, importante arista del crimen organizado.
También en estos días vi en redes sociales partes de una audiencia de formalización, en que la jueza de garantía expresaba su extrañeza al fiscal por el hecho que éste solicitara solo arresto domiciliario total y no la prisión preventiva del imputado, al punto que al resolver la magistrada explica que ella no puede aplicar una cautelar más intensa que la solicitada por los intervinientes. ¿Qué justifica la conducta del fiscal? ¿Ideologización o temor? También se han visto en La Araucanía resoluciones inexplicables, concediendo beneficios a condenados o imputados por graves actos de violencia. En este contexto la duda tiene, al menos, fundamento plausible
El homicidio del detective constituye un peldaño más en la práctica del sicariato en Chile, una realidad que se ha vuelto habitual, pero que de la represalia entre bandas rivales y la venganza contra particulares, pasa ahora a la lucha frontal contra las instituciones. Famosa es la expresión del más conocido delincuente latinoamericano de las últimas décadas: “plata o plomo”. Las víctimas de esta guerra son conocidas y fáciles de anticipar: policías, jueces, fiscales, periodistas y políticos. Todo el que se cruce en el camino de las mafias está expuesto a pagar con su vida.
Ninguna sociedad recorre este camino por azar, no es que “nos tocó”. Esto es consecuencia de años de un discurso y acciones en el sentido equivocado, muchas de ellas ejecutadas por nuestros actuales gobernantes. Una errónea concepción de las garantías procesales, una actitud desproporcionadamente inquisitiva contra el ejercicio de la fuerza por parte de los agentes del Estado, al punto que resulta indignante ver a diario videos en que carabineros son agredidos mientras actúan pasivamente, obviamente intimidados por un sistema que se ha vuelto derechamente adverso al imperio coercitivo de la ley.
Esto se detiene ahora o sencillamente nos resignamos a recorrer el camino por el que ya han transitado otros países latinoamericanos, décadas de violencia, inseguridad y guetos con guardias privados que terminan siendo verdaderos mercenarios. Primero, huyen los capitales, luego la elite profesional busca otros horizontes para sus hijos. El problema es político, en el más amplio sentido de la expresión, vale decir de prioridades. Esto no se resuelve con mesas técnicas, ni menos con llamados a “no politizar” el tema de la seguridad. Lo insólito es que los mismos que lo han ideologizado, ahora llaman a no politizarlo.
El asesinato del comisario Valdés es un acto de guerra y las guerras, lo sabemos desde siempre, son la última fase de la política.
Por Gonzalo Cordero, abogado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.