Justo cuando las universidades en Chile nos encontramos desarrollando un proceso que es fundamental para nuestros proyectos institucionales -como son las postulaciones y matrículas de estudiantes nuevos, lo cual incluye el estrés organizacional por el cumplimiento de metas e indicadores- nos parece bien reflexionar más allá de las cifras y de los resultados de diversas pruebas sobre una pregunta de fondo: ¿garantiza nuestro sistema educacional condiciones reales para que ese derecho se ejerza en igualdad de oportunidades?

En Chile, los indicadores continúan evidenciando una realidad persistente: las trayectorias escolares y de acceso a la educación superior siguen estando fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico, el territorio y el tipo de establecimiento. Estos resultados no pueden ni deben interpretarse como una falta de talento o compromiso por parte de estudiantes y docentes de la educación pública, sino como la expresión de desigualdades estructurales acumuladas por décadas.

Este diagnóstico no es exclusivo de nuestro país. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, reconoce que una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una condición indispensable para reducir la pobreza, disminuir las brechas sociales y avanzar hacia un desarrollo sostenible. La educación no es un objetivo aislado, sino un eje transversal que impacta directamente en la movilidad social, la salud, el empleo y la cohesión democrática.

En esa misma línea, la Unesco indica que los sistemas educativos más justos son aquellos que destinan apoyos y recursos a quienes enfrentan mayores desventajas. Esto implica comprender la educación como un proceso continuo, que requiere políticas públicas sostenidas, acompañamiento académico y condiciones pedagógicas adecuadas desde la educación escolar hasta la educación superior.

Bajo este enfoque, instancias que existen en nuestro país como el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) adquieren un rol estratégico. Desde su puesta en marcha en 2014, se ha buscado fortalecer las trayectorias educativas de estudiantes de establecimientos públicos, entendiendo que la equidad no se resuelve en un único momento de acceso, sino en la preparación, acompañamiento y permanencia en el sistema formativo.

Creemos que se debe asumir este desafío como parte de nuestro compromiso con la responsabilidad social y la justicia en la formación. En coherencia con los principios de la Agenda 2030, fortalecer la enseñanza pública es una tarea estratégica y colectiva, que requiere colaboración del Estado, las instituciones de educación superior y la sociedad en su conjunto.

Debemos preguntarnos por qué las brechas persisten y qué acciones concretas estamos dispuestos a impulsar para que la excelencia académica deje de ser un privilegio asociado al origen económico o geográfico. Una educación verdaderamente transformadora es aquella que no reproduce desigualdades, sino que contribuye activamente a superarlas.

Por Marisol Durán Santis, rectora Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)